El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por la que se establece la extensión del copago sanitario a 42 medicamentos que, para el tratamiento de distintas enfermedades crónicas –entre otras, el cáncer, la artritis reumatoide, la hepatitis C o la esclerosis múltiple– se expiden en las farmacias hospitalarias para uso ambulatorio por los pacientes –esto es, los denominados fármacos de ‘diagnóstico hospitalario’.

En consecuencia, y según recoge la resolución, los pacientes, que hasta ahora no debían abonar ninguna cantidad por estos medicamentos, deberán pagar el 10% del importe de los mismos, hasta un tope máximo de 4,20 euros.

La medida, de cumplimiento obligatorio por todas las comunidades autónomas, deberá entrar en vigor el próximo mes de octubre, ya desde el día 1 en aquellas en las que resulte posible. Y es que varias regiones ya han comunicado la imposibilidad de aplicar la medida desde el mismo día 1 del mes al carecer de los equipos y sistemas informáticos para efectuar el cobro.

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Críticas desde todos los sectores

La nueva resolución adoptada por Sanidad ha topado con el rechazo generalizado de distintas asociaciones de pacientes, sociedades científicas, organizaciones de consumidores e incluso algunas comunidades.

Así, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), miembro de Somos Pacientes, ha mostrado su “preocupación por la aprobación del nuevo copago para algunos medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias a pacientes no ingresados, ya que afectan en buena medida a enfermos oncológicos con distintos tipos de tumores, entre otros el renal, el de próstata, los linfomas o las leucemias”.

Iniciativa preocupante

En opinión de la AECC, “la iniciativa es preocupante, si bien no puede saberse todavía cuál será su alcance, ya que hay que analizar los fármacos a los que afecta y la frecuencia con la que suelen utilizarse. Y es que no es lo mismo tener que pagar 4,2 euros, precio máximo que se abonará por un medicamento de este tipo, una vez a la semana que hacerlo cada más o menos tiempo”.

En la misma línea, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), miembro de Somos Pacientes, ha lamentado la resolución y ha solicitado que no afecte a niños y adolescentes con cáncer.

Penalizados por seguir el tratamiento

Y es que como ha recordado Pilar Ortega, presidenta de la FEPNC, “las familias afectadas suelen incrementar sus gastos entre 400 y 600 euros, y algunos de sus miembros han de dejar sus puestos de trabajo para atender al menor afectado”.

Por su parte, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), miembro de Somos Pacientes, ha señalado que “con el establecimiento de este nuevo copago se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas por el simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario”.

Así, como refiere Mario García, presidente de la Confederación, “desde COCEMFE pedimos a Sanidad que rectifique y dé marcha atrás en esta injusta medida para que las personas con enfermedades graves y diferentes discapacidades no vean mermada su atención y protección sanitaria y continúen recibiendo gratuitamente los medicamentos en el entorno hospitalario”.

La Federación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM), la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) y Acción Psoriasis, miembros de Somos Pacientes, también se han sumado a las críticas a la medida aprobada por el Gobierno según la cual los pacientes deberán abonar un 10% –con un límite máximo de 4,20 euros– por los fármacos que, para uso ambulatorio, se dispensan en las farmacias hospitalariasde nuestro país.

En su comunicado, la FELEM califica la resolución como “un error y un gesto poco afortunado” y recuerda que el “colectivo de personas con esclerosis múltiple ya está cargando con demasiados copagos y recortes –caso, entre otros, en la farmacia comunitaria, la atención sociosanitaria especializada y el transporte adaptado y ambulancias”.

Así, desde la Federación consideran que “la decisión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conduce a una mayor presión hacia el colectivo de afectados, creando una alarma de incertidumbre respecto a su futuro dado que tal medida agrava aún más su difícil situación por las dificultades asociadas a la crisis económica”.

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Medida meramente recaudatoria

Por su parte, FAMMA-Cocemfe Madrid muestra su rechazo a una medida que “tiene un carácter claramente recaudatorio, pues la Administración logrará recaudar más dinero y contribuirá a que los pacientes más vulnerables del sistema sanitario, los que precisan medicaciones durante más tiempo precisamente por tener dolencias crónicas, se decanten por no adquirir los fármacos que necesitan, teniendo en cuenta el contexto actual de recesión económica, que golpea con más dureza a quienes tienen menos recursos”.

Por ello, la Federación solicita a las autoridades sanitarias que “recapaciten y que se paralice la implantación de la medida, pues provocará que el colectivo de enfermos crónicos, en el que se hallan muchas personas con discapacidad, tenga más dificultades de las que ya tiene para acceder a los medicamentos necesarios y para poder afrontar cualquier dolencia grave con garantías, entendiendo que el derecho a la salud es un derecho universal y fundamental para cualquier persona”.

Para leer el comunicado de FAMMA-Cocemfe Madrid, clica aquí.

En la misma línea, Acción Psoriasis manifiesta su “desacuerdo” con una resolución que “perjudica al enfermo crónico, que aparte de ver debilitada su calidad de vida, se ve obligado ahora a pagar parte de la medicación. Y es que esta medida puede favorecer que algunas personas abandonen sus tratamientos”.

Otro aspecto de la decisión que esta organización considera criticable es que «solo se aplica a determinados fármacos para la psoriasis, mientras otros que también se usan para tratar esta patología quedan excluidos, hecho que crea injusticias entre los pacientes que sufren esta enfermedad».

Es más; como recuerda Acción Psoriasis, «los fármacos son una inversión y no un gasto y además, a la espera de saber cuál será el procedimiento de pago de estos medicamentos en los hospitales, dudamos realmente que la medida sirva para reducir el gasto sanitario, pues los mecanismos que se deberán habilitar para hacer estos cobros pueden ser más costosos que el beneficio obtenido por la venta».

Para leer el comunicado de Acción Psoriasis, clica aquí.

También la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), la Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis (ASSCAT) y el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt/VIH), miembros de Somos Pacientes, han emitido sendos comunicados para exigir al Gobierno la retirada del copago en los fármacos para el tratamiento de la hepatitis C que se dispensan en las farmacias para el uso ambulatorio por los pacientes –los denominados fármacos de ‘diagnóstico hospitalario’– al considerar que la nueva medida “supone más obstáculos para la curaciónde los pacientes con hepatitis C”.

En su comunicado, la FNETH lamenta que “la publicación en el BOE de la resolución del Real Decreto-ley 28-2012, que impone un copago de un 10% de ciertos fármacos de dispensación hospitalaria ambulatoria, hasta un límite de 4,20 euros por envase, aún restringe más el acceso a la medicación y la curación de los pacientes con hepatitis. Y es que según esta resolución, los afectados tendrán la obligación de pagar de su bolsillo un copago por los fármacos necesarios para su curación”.

Así, la Federación denuncia al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por “silenciar e ignorar sistemáticamente la alta prevalencia y necesidad de recibir tratamiento de los pacientes con hepatitis C”, criticando que, “en cambio, se haya acordado de estos enfermos al aprobar su primer ‘medicamentazo’ en farmacia hospitalaria”.

Más aún cuando, como recuerda Antonio Bernal, presidente de la FNETH, “el 65% de los casos de hepatitis C corresponde a pacientes que han sido infectados en el medio sanitario o a través de transfusiones. Es inconcebible que los pacientes con una hepatitis C, una enfermedad que mayoritariamente está causada por transfusiones e infecciones contraídas en el medio sanitario sufran este perjuicio para su salud y tengan que pagar para curarse”.

Para leer el comunicado de la FNETH, clica aquí.

Barrera económica para enfermedades mortales

En su comunicado conjunto, la ASSCAT y el gTt/VIH denuncian que, “finalmente, el Gobierno ha cruzado una línea roja. Y es que esta aportación reducida no tiene ningún sentido, pues si el copago se ha presentado hasta ahora como una medida para disuadir el consumo poco responsable de medicamentos por parte de los pacientes, es difícil de entender que se aplique para enfermedades que, de no tratarse, pueden ser mortales”.

Una situación, además, que se ve agravada en el actual contexto de crisis económica. Pues como recuerda el comunicado, “cualquier barrera económica en el acceso a fármacos muy necesarios conlleva excluir a los pacientes que están en situación económica precaria, que en el caso de la hepatitis C, supone un elevado porcentaje de personas entre los afectados, entre ellas las coinfectadas por el VIH”.

Todo ello a pesar de que “poner más barreras al tratamiento de la hepatitis C con medidas como ésta supone ignorar las ventajas que conllevan la curación de los pacientes. Numerosos estudios certifican que tratar a los pacientes es coste-efectivo, ya que un enfermo curado deja de ser una carga para el sistema sanitario porque se ahorra en ingresos hospitalarios, en fármacos para tratar la cirrosis o el cáncer de hígado y en trasplantes hepáticos”, inciden la ASSCAT y el gTt/VIH.

En consecuencia, “esta decisión, que se presenta como un ahorro, va a suponer un mayor gasto sanitario a medio y largo plazo, además de una vulneración de los derechos de los pacientes e implicará mayor sufrimiento para éstos”, concluye el comunicado.

Para leer el comunicado conjunto de la ASSCAT y del gTt/VIH, clica aquí.

Profesionales, consumidores y CC AA

La medida, según denuncia la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), carece de sentido. Como apunta su presidente, el doctor José Luis Poveda, “el copago tiene dos objetivos, el disuasorio y el recaudatorio; y en este caso no se cumple ninguno de los dos”.

Concretamente, y como refiere Poveda, “en este caso, la mayor parte de los pacientes son crónicos, por lo que no se dan las condiciones de abuso de fármacos que podrían aludirse en otras circunstancias. Además, dado que los tratamientos son continuos, tampoco hay peligro de que sobren y se acumulen en el botiquín doméstico. Y con respecto al efecto recaudatorio, con el copago fijado no se recaudará demasiado, cuando no menos no lo suficiente para compensar el gasto que supone desplegar mecanismos de cobro en todos los servicios de farmacia hospitalarios”.

También los consumidores

Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción acusa a Sanidad de llevar a cabo un “nuevo ataque contra los enfermos que padecen enfermedades crónicas o graves. Y es que esta medida, a todas luces injusta, supone otro paso más del Gobierno por desmantelar el sistema sanitario español gratuito, público y universal”.

Y en la misma línea, denuncia que “el copago no tiene sentido con la nueva aplicación, pues es el facultativo quien receta los medicamentos que considera necesarios para el enfermo”.

Finalmente, Castilla y León y País Vasco ya han solicitado al Gobierno que la nueva medida no se aplique en sus territorios, pues como explica Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, no solo tiene “escasísima repercusión económica”, sino que debe ser retirada “por coherencia ya que los pacientes afectados, enfermos crónicos en su mayoría, precisan necesariamente esos medicamentos”.