La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), miembro de Somos Pacientes, reclama, con motivo de la autorización por el Consejo de Ministros de la compra centralizada de diversos medicamentos, que la efectividad terapéutica continúe siendo el único criterio válido para determinar la indicación de medicamentos.
Como indica Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, “el procedimiento de compras agregadas de principios activos para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) en ningún caso debería dar pie a cambios injustificados de tratamiento”.
La iniciativa gubernamental contempla la adquisición de, entre otros, distintos medicamentos indicados para el tratamiento de personas con discapacidad física y orgánica, como es el caso de inmunosupresores para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn; o de hormonas para personas con talla baja o antianémicos para personas con insuficiencia renal crónica.
Por efectividad, no por precio
Sin embargo, y con independencia del ahorro que se derive de la medida, la Confederación recuerda que el único criterio válido para la indicación de un medicamento debe ser su efectividad. Un posicionamiento aprobado por unanimidad en la última reunión del Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de COCEMFE, en el que se hizo hincapié en que tanto la indicación como el intercambio de medicamentos deben realizarse de manera consensuada con el paciente y que los criterios clínicos deben prevalecer siempre sobre los economicistas.
Como concluye Queiruga, “la reducción de costes de los fármacos y la eficiencia del sistema sanitario no pueden poner en riesgo la salud de ni una sola persona, por lo que instamos al Gobierno y a las comunidades autónomas a velar por el derecho a la salud de las personas con discapacidad física y orgánica, garantizando que reciben el mejor tratamiento disponible ajustado a cada situación personal”.
La compra centralizada aprobada por el Gobierno, a la que ya se han sumado 10 comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y el Ministerio de Defensa, tiene un valor de 391 millones de euros, y se estima que supondrá un ahorro de 128 millones de euros para el SNS.
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