El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación SALUD MENTAL España, miembros de Somos Pacientes, reclaman al Gobierno su oposición al ‘Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo’ con el que se pretende protocolarizar las medidas de ingreso y tratamiento involuntarios, lo que, bajo su punto de vista, supone un «ataque directo a la dignidad de las personas con problemas de salud mental, y que vulnera varios artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas».

Como denuncia Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL España, “el texto responde a un modelo absolutamente biologicista. No podemos permitir una legitimación de prácticas coercitivas vinculadas a los internamientos involuntarios, como la medicación forzosa, la contención física y química, y el aislamiento, que pueden llegar a constituir tortura. Las medidas de control y coerción no son, ni serán nunca, medidas terapéuticas, ni se pueden confundir con tratamiento”.

Coerción y cuidados

Ambas organizaciones consideran que el Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, actualmente en fase de elaboración por el Comité de Bioética del Consejo de Europa, confunde coerción y cuidados, sin tener en cuenta el impacto que tales medidas producen en la salud física y mental de las personas a las que se les aplican. Además, autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, y no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas.

Es más; el documento tampoco hace referencia alguna a mecanismos de reparación del daño causado y justifica la restricción de un derecho fundamental como es la libertad en la presunción de ser un riesgo para sí o para otras personas, algo que ya debería estar superado a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Como explica Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, “el intento del Consejo de Europa choca frontalmente con un enfoque y una práctica de derechos humanos, la única admisible para aplicar a las personas con problemas de salud mental. Resulta lastimoso que el Consejo de Europa, que debe encabezar la regulación y defensa de todos los derechos humanos, para todas las personas, incurra en este oprobioso comportamiento”.

Cortar de raíz

De hecho, y si bien el propio Protocolo reconoce que la Convención Internacional constituye el principal referente para la protección de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, sus disposiciones vulneran de manera flagrante varios de sus artículos: el artículo 10 –derecho a la vida–, el 12 –derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley–, el 14 –derecho a la libertad y seguridad de la persona–, el 15 (derecho a la protección contra la tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes–, el 17 –derecho a la protección de la integridad de la persona–, el 25 –derecho a la salud– y el 26 –derecho a la habilitación y rehabilitación.

Por todo ello, concluye Luis Cayo Pérez, “abogamos por cortar de raíz cualquier voluntad de someter a las personas con problemas de salud mental a tratos radicalmente impropios, que nos avergüenzan como sociedad decente y progresiva; animamos a España a asumir la defensa de la visión de derechos humanos; y exigimos al Gobierno una actitud beligerante en este trascendental asunto”.

– A día de hoy, 98 asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad y a la dependencia y 330 asociaciones dedicadas a los trastornos mentales ya son miembros de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?