El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado por la Ley 39/2006, cumple 18 años desde su promulgación. Este marco legislativo, que nació con la intención de convertirse en un pilar fundamental de la protección social en España, enfrenta hoy una crisis profunda que reclama una refundación basada en un pacto de Estado. Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a pesar de las expectativas generadas en su momento, el SAAD ha demostrado múltiples deficiencias que afectan gravemente a las personas mayores, las personas con discapacidad y sus familias, sus principales beneficiarios. Así, esta institución reclama a todas las fuerzas políticas, administraciones, agentes sociales y sectores cívicos de mayores y discapacidad un pacto de Estado de refundación del SAAD, «que dote a España de un auténtico dispositivo público de protección social en el ámbito de la autonomía personal y os apoyos y cuidados de larga duración».
- Te interesa: El CERMI reclama «intensificar la equidad» de sistemas públicos de salud con las personas con discapacidad
La Ley 39/2006 se presentó como un avance significativo hacia el reconocimiento del derecho subjetivo a recibir apoyos para la autonomía personal y cuidados de larga duración. Sin embargo, y según CERMI, casi dos décadas después, los resultados están lejos de satisfacer las legítimas expectativas que generó. Las principales críticas al sistema apuntan a su diseño y gestión, que ha favorecido un enfoque asistencialista en detrimento de la promoción de la autonomía personal. Este desvío del objetivo central de la ley constituye uno de los problemas estructurales más graves del SAAD. Entre las deficiencias más graves que encuentra CERMI se encuentran:
- Enfoque centrado en la dependencia pasiva: Aunque el objetivo primordial de la ley era fomentar la autonomía personal, en la práctica el sistema se ha orientado más hacia la atención de situaciones de dependencia severa, relegando los programas y servicios que promueven la vida autónoma.
- Falta de financiación adecuada: La infrafinanciación del sistema ha sido una constante desde su creación, con recursos insuficientes para cubrir las necesidades reales de los beneficiarios. Según informes recientes, los niveles de inversión pública en el SAAD están muy por debajo de lo necesario para asegurar su sostenibilidad y eficacia.
- Copagos desproporcionados: Muchas personas beneficiarias se enfrentan a copagos que pueden calificarse de confiscatorios, lo que pone en riesgo su acceso a los servicios y genera inequidades entre diferentes sectores de la población.
- Desigualdades territoriales: Las diferencias en la implementación y financiación del SAAD entre comunidades autónomas crean un sistema desigual, en el que los derechos de las personas dependen del lugar en el que residan.
- Burocratización excesiva: Las rigideces administrativas y las largas listas de espera para acceder tanto a la valoración como a las prestaciones son una carga adicional para las personas que necesitan apoyo inmediato.
- Gobernanza ineficaz: La falta de un modelo de gestión adecuado ha generado ineficiencias y ha limitado la capacidad del SAAD para adaptarse a las necesidades cambiantes de la población.
El impacto en las personas beneficiarias y sus familias
El fracaso del SAAD no solo tiene consecuencias económicas y administrativas, sino que afecta directamente la calidad de vida de las personas mayores y con discapacidad, así como de sus familias. Estas últimas suelen asumir un papel central como cuidadores informales, a menudo en condiciones de gran sacrificio personal y económico. La falta de un sistema robusto y equitativo perpetúa situaciones de sobrecarga, estrés y empobrecimiento para los cuidadores, que a menudo son mujeres en edad laboral avanzada.
Además, la ausencia de programas efectivos para la promoción de la autonomía personal limita las oportunidades de participación social y laboral de las personas con discapacidad, perpetuando su exclusión.
Ante este panorama, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha lanzado un contundente llamado a todas las fuerzas políticas, administraciones públicas, agentes sociales y sectores cívicos para emprender una refundación del SAAD. Esta iniciativa debe ser el resultado de un pacto de Estado que priorice el bienestar de las personas beneficiarias y garantice un sistema de protección social robusto y sostenible.
Propuestas clave del pacto
Las organizaciones de personas con discapacidad, como el CERMI, juegan un papel crucial en este proceso. Su experiencia y conocimiento son fundamentales para identificar las necesidades reales y proponer soluciones efectivas. Asimismo, es imprescindible el apoyo de toda la sociedad civil para impulsar un cambio estructural que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas mayores y con discapacidad.
Los próximos años serán decisivos para determinar si España es capaz de construir un sistema de protección social que esté a la altura de las demandas de una sociedad moderna y equitativa. La refundación del SAAD no solo es una cuestión de justicia social, sino también una oportunidad para avanzar hacia un modelo de bienestar más inclusivo y sostenible. Entre las propuestas clave de este pacto, destacan:
- Reforzar el carácter de derecho subjetivo del SAAD: Es fundamental garantizar que todas las personas que cumplan con los requisitos de dependencia puedan acceder a las prestaciones y servicios sin discriminación ni demoras.
- Aumentar la financiación pública: La dotación presupuestaria debe incrementarse significativamente para cubrir las necesidades reales del sistema. Esto incluye mejorar los salarios y condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el ámbito de los cuidados.
- Rediseñar el modelo hacia la autonomía personal: Es esencial priorizar programas y servicios que promuevan la vida independiente, la participación activa en la sociedad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
- Reducir las desigualdades territoriales: El pacto debe incluir mecanismos para asegurar una implementación homogénea del SAAD en todo el territorio nacional, eliminando las diferencias injustas entre comunidades autónomas.
- Simplificar los procedimientos administrativos: Es necesario eliminar barreras burocráticas y garantizar una gestión ágil y eficiente que permita a las personas beneficiarias acceder rápidamente a los recursos.
- Involucrar a las personas con discapacidad y mayores en la toma de decisiones: La gobernanza del sistema debe ser inclusiva, asegurando la participación activa de los colectivos directamente afectados en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
