En concreto, se han planteado una serie de medidas específicas para:
- la conciliación para las familias, incidiendo en el sesgo de género que existe en la atención y el cuidado de las personas con discapacidad, y
- la mejora de la protección económica de las familias con un miembro con discapacidad (como el incremento de las deducciones fiscales o el establecimiento del tipo superreducido de IVA en la adquisición de productos y tecnologías de apoyo, entre otras);
- la previsión de otra serie de servicios y recursos de apoyo a las familias con una persona con sordera que la ley debiera prever.
Por último, FIAPAS ha incidido en que la norma no puede, ni debe incluir medidas que supongan una discriminación por tipo de discapacidad en el acceso a las ayudas.
