Como medida instrumental, hay que garantizar la accesibilidad a los contenidos informativos y comunicacionales que las autoridades públicas están dirigiendo a la población general sobre la pandemia. Si la comunicación no es universalmente accesible, los mensajes de salud pública no están llegando a toda la ciudadanía en una situación de emergencia nacional, con lo que se perjudica a las personas con discapacidad.
Respecto de las medidas de fondo, el movimiento de la discapacidad exige a las Comunidades Autónomas, como responsables de los servicios sociales, que durante las clausuras, cierres y suspensiones de servicios, etc., la financiación de la Administración pública continúe, y no se haga recaer el quebranto económico sobre las entidades que gestionan esos servicios sociales de atención a personas, por delegación pública, como si se las castigara cuando se trata de una situación de fuerza mayor.
En relación con una posible prestación transitoria de Seguridad Social que se cree para los progenitores que deban permanecer en domicilio cuidando a sus hijos cuyos colegios o centros de atención social hayan cerrado, se incremente un 25 % si estos tienen reconocida discapacidad, por el mayor sobrecoste que comporta la atención a las situaciones de discapacidad.
En este caso, no basta que la prestación esté pensada solo para cierres de colegios, también de centros de servicios sociales (servicios de atención temprana, centros ocupacionales, centros de día, etc.), pues muchas personas con discapacidad reciben asistencia en esa tipología de recursos, que deben tener la consideración asimilada a centros lectivos.
En el ámbito de la inclusión laboral, y respecto de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social que se vean cerrados o en cese de actividad obligada, el Cermi plantea que se eleve transitoriamente la subvención del Salario Mínimo Interprofesional por cada trabajador con discapacidad de especiales dificultades de inserción al 65 %.
En todo caso, el Cermi pide a los poderes públicos que extremen el diálogo civil y las consultas y escucha activa con el sector social de la discapacidad en la gestión de esta crisis de salud pública, para que esta parte de la ciudadanía no quede desprotegida o en posición de mayor exposición a los efectos de la pandemia.
