NOTA DE PRENSA DE FIAPAS

Con motivo de la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Tribunal del Jurado, las personas con discapacidad podrán formar parte de un jurado popular, para lo que, según establece la norma, la Administración de Justicia deberá proporcionar los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables necesarios para que puedan desempeñar con normalidad este cometido.

En el caso de las personas con sordera usuarias de prótesis auditivas (audífonos e implantes), la Confederación Española de Familias de Personas Sordas-FIAPAS recuerda que será preciso poner a su disposición recursos de apoyo a la audición y a la comunicación oral para poder acceder a la información en igualdad de condiciones. En concreto, la instalación eventual de bucles magnéticos que permite que la persona sorda a través de su prótesis oiga directamente a quien esté hablando en la sala. Asimismo, será necesario poder disponer de subtitulado en directo y materiales audiovisuales subtitulados.

Estos recursos deberán solicitarse en el cuestionario que se recibe junto a la citación para ser miembro del Jurado y en el que se deberá hacer constar, además, aquellas circunstancias personales asociadas a situación de discapacidad que sean relevantes para el ejercicio de esta función.

En este sentido, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo y presidente de la Fundación Sálvora, Jacinto Lareo, ha redactado un informe en el que propone soluciones técnicas para adaptar las salas de juicio y hacerlas accesibles a los miembros del Jurado con discapacidad, recomendando, entre otras, la instalación en la sala de un bucle magnético.

El profesor también propone que los profesionales de los tribunales reciban formación sobre cómo transmitir la información sobre derechos y deberes a los miembros del Jurado con discapacidad para facilitar el ejercicio de su deber ciudadano.

Por último, FIAPAS recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 127, establece que las personas sordas investigadas o acusadas en un proceso penal también podrán contar con los medios de apoyo a la comunicación oral necesarios para acceder a la información durante toda la actuación.