La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha presentado el Informe 2024 de la Clínica Legal, según el cual las principales dudas legales de las personas con enfermedades crónicas giran en torno al ámbito laboral (un 45%) y al acceso a seguros de salud. De hecho, la mayoría de las consultas están relacionadas con la incapacidad permanente y las dificultades para obtener una cobertura sanitaria adecuada. Así lo recogen los datos recopilados por el servicio de asesoramiento jurídico gratuito para pacientes, familiares y asociaciones que aporta la POP.
Una de las mayores problemáticas es el reconocimiento de la incapacidad en enfermedades no visibles, en las que es difícil la obtención de un diagnóstico concluyente para justificar la limitación laboral. Además, la solicitud de incapacidad permanente es un proceso complicado que en muchas ocasiones requiere recurrir a la vía judicial debido a denegaciones frecuentes por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Junto a la incapacidad permanente, otra preocupación recurrente es la discriminación en el trabajo por motivos de salud. Las consultas en este ámbito incluyen casos de personas que ven rechazadas sus solicitudes de adaptación del puesto de trabajo, que se enfrentan a presiones para reincorporarse tras una baja médica o tienen dificultades para gestionar situaciones como la maternidad durante una incapacidad temporal.
Seguros de salud
Otra de las grandes dificultades para las personas con enfermedades crónicas es el acceso a seguros de salud. De hecho, el 27% de las consultas atendidas por la Clínica Legal en 2024 han estado relacionadas con exclusiones por enfermedades preexistentes, períodos de carencia y problemas en la cobertura de tratamientos.
Y es que muchas aseguradoras imponen restricciones a las personas con condiciones de salud preexistentes, aplicando recargos elevados, limitaciones en los tratamientos o incluso denegando la contratación de la póliza. Esto genera una clara desigualdad en el acceso a la sanidad privada y deja a muchos pacientes en una situación de vulnerabilidad.
Desde la POP explican que, en caso de conflictos con una aseguradora, lo primero que debe hacerse es revisar las condiciones del contrato y presentar una reclamación por escrito. Si la compañía no responde de manera favorable, es posible recurrir a la vía judicial. Sin embargo, estos procedimientos pueden ser largos y costosos, lo que supone un obstáculo adicional para los pacientes.
Acceso a la discapacidad
Además de las cuestiones laborales y de seguros de salud, otras preocupaciones importantes han sido las reclamaciones administrativas (9% de las consultas) y el acceso a la discapacidad (5%). También aparecen quejas en el ámbito sanitario, que incluyen largos tiempos de espera, falta de información sobre diagnósticos o problemas con la calidad asistencial.
Por otra parte, se han recibido numerosas consultas sobre cómo reclamar un porcentaje de discapacidad insuficiente o cómo iniciar el proceso de revisión de grado en caso de agravamiento de la enfermedad. En este sentido, el informe aclara que uno de los errores más frecuentes que suelen aparecer en este ámbito es la confusión entre la incapacidad permanente y la discapacidad. Mientras que la incapacidad está relacionada con la capacidad de una persona para desempeñar su trabajo, la discapacidad se refiere a limitaciones en la vida cotidiana y otorga beneficios como deducciones fiscales o acceso a ayudas sociales.
Un servicio esencial
El informe refleja que, aunque el número total de consultas ha disminuido ligeramente respecto a 2023 (pasando de 185 a 128), el servicio de la Clínica Legal sigue siendo un recurso fundamental para las personas con necesidades crónicas de salud. Desde la POP subrayan la importancia de este tipo de asesoramiento, ya que muchas personas desconocen sus derechos o no saben cómo reclamarlos.
“Los datos de este informe muestran que aún existen importantes lagunas informativas sobre los derechos de las personas con enfermedades crónicas. Es fundamental que se impulsen cambios legislativos que garanticen una mayor protección y que se refuercen los recursos de información y orientación jurídica para los pacientes”, han señalado desde la Plataforma.
En este contexto, la POP insiste en la necesidad de mejorar la accesibilidad a los recursos legales y de promover políticas que eliminen las barreras que enfrentan las personas con enfermedades crónicas en el trabajo y en el acceso a la asistencia sanitaria.
