El pasado 20 de marzo, la mayoría parlamentaria tumbó la ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), una herramienta que había sido anunciada como uno de los principales compromisos del Gobierno tras la pandemia de covid-19. El objetivo era dotar al sistema sanitario de un organismo independiente, técnico y capaz de coordinar la respuesta ante emergencias de salud pública. Esta decisión ha provocado una profunda preocupación entre las organizaciones de pacientes, que denuncian que los intereses partidistas se han impuesto sobre la protección de la salud de la ciudadanía.
A pesar de haber superado el trámite en la Comisión de Sanidad con un amplio respaldo, la ley se topó en el Pleno con el voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya. El PP, que en comisión se había abstenido, se justificó alegando un desencuentro con la Presidencia del Congreso por no alterar el orden del día. Vox acusó al Gobierno de querer crear un “chiringuito” y Junts se opuso por su rechazo a ceder competencias a un organismo estatal. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, calificó la decisión de «irresponsabilidad mayúscula» y advirtió que supone un grave retroceso para la protección de la salud pública en España.
Los pacientes, los grandes olvidados
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes ha denunciado que el debate político ha vuelto a olvidarse de la ciudadanía y, especialmente, de las personas con enfermedades crónicas y sus familias. “Una vez más, los pacientes seguimos siendo los grandes olvidados del sistema sanitario”, lamentan los representantes de la POP, que recuerdan que la AESP era un paso esencial hacia una sanidad más fuerte y preparada.
Desde esta organización critican que se haya priorizado la estrategia política sobre la responsabilidad de proteger la salud pública, en un contexto donde las lecciones de la pandemia siguen vigentes. «Durante la covid-19 se evidenció la necesidad de contar con estructuras ágiles y con planificación adecuada. Elaboramos informes, recopilamos datos y evidencias y aprendimos de nuestros errores. Todo ello debería haber llevado a la acción política responsable», señalan.
La POP también reclama mayor participación de las organizaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias y recuerda que el sistema debe construirse con visión de país y servicio público. Desde su punto de vista, la agencia era una oportunidad histórica para reforzar la protección de la salud de las personas más vulnerables. «La salud no puede seguir siendo rehén de la polarización política».
Búsqueda de consenso
El Foro Español de Pacientes también ha expresado su preocupación y ha hecho un llamamiento a recuperar el consenso político y social para crear la AESP cuanto antes. En un comunicado, el FEP subraya que “la salud pública debe ser un pilar básico del Estado de Bienestar” y que la agencia estatal es una herramienta necesaria para garantizar la equidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario.
Para el FEP, la agencia permitiría tener una visión global de los riesgos y amenazas sanitarias y coordinar la actuación de todas las administraciones y agentes implicados. Además, recuerdan que este organismo estaba contemplado en la reforma de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS y que su creación respondía a las recomendaciones de expertos y organismos internacionales.
“El Foro Español de Pacientes quiere recordar a todos los representantes públicos la necesidad de trabajar en pro de la salud de la ciudadanía por encima de intereses y debates partidistas. La salud pública es de todos y para todos”, reclaman sus portavoces.
Comunidad sanitaria
En el entorno profesional sanitario e investigador las opiniones son similares. Por ejemplo, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) también lamentó el rechazo a la AESP y manifestó su disposición a seguir trabajando para que este proyecto salga adelante en el futuro.
Sus representantes insisten en que la negativa del Congreso responde a una coyuntura política y no a una verdadera oposición al fondo de la ley. Además, se reitera que la agencia supone una herramienta clave para gestionar futuras pandemias y para abordar problemas de salud pública como la contaminación, el cambio climático o la prevención de enfermedades.
