La defensora del pueblo entrega su Informe 2011 al presidente del Congreso.

El 13% de las 24.381 quejas recibidas el año pasado por la Oficina del Defensor del Pueblo se englobaron en el área de Sanidad y Política Social, principalmente por dificultades en la atención prestada en comunidades autónomas distintas de la de residencia y por la dispensación de recetas.

De hecho, y como explica la defensora del pueblo, María Luisa Cava de Llano, las quejas en el área de Sanidad y Política Social se sitúan, con un total de 3.180, como segunda causa de denuncia de la ciudadanía, sólo superadas por las del apartado de Seguridad y Justicia (5.981).

Ley de Dependencia

Entre otros aspectos, el ‘Informe Anual 2011’ de la Oficina del Defensor del Pueblo destaca las «demoras inaceptables» en la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia –la conocida como ‘Ley de Dependencia’–, que ha recibido «numerosas quejas».

Y es que si bien la Oficina, como apunta Cava de Llano, «ha podido constatar ciertas mejoras, siguen produciéndose demoras inaceptables tanto en la valoración de los interesados como en la notificación de la resolución de grado y nivel de dependencia, así como en la posterior aprobación del programa individual de atención».

En tiempo y forma

La constatación de esos retrasos ha llevado a la defensora a recordar a las instituciones la obligación de «resolver en tiempo y forma» las solicitudes presentadas. Todo ello sin olvidar que hay «disparidad de criterios, de unas comunidades autónomas a otras, sobre la fecha de efectos con que deben reconocerse los derechos derivados de la situación de dependencia», denuncia Cava de Llano.

Por último, la defensora del pueblo ha recordado que, como dictan numerosas sentencias de los diferentes tribunales de justicia, «la prestación económica para ciudadanos debe reconocerse desde el día siguiente a la fecha de presentación de solicitudes». Por ello, «se ha de evitar que los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales, logrando así una mayor igualdad no solo entre territorios, sino además entre los ciudadanos que sí acuden a los tribunales y ven reconocido su derecho y aquellos que no lo hacen», concluye el Informe.

– ¿Quieres consultar el Informe 2011 de la Oficina del Defensor del Pueblo?

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