En palabras de Ana Mato, «la reforma del sistema de Dependencia era urgente, pues estaba al borde del colapso, con una lista de espera de 300.000 personas; además, las previsiones de la ley se habían superado en 2.724 millones de euros».
Profesionalización del cuidador
Así, el espíritu de la reforma es priorizar los servicios profesionales frente al cuidado familiar pues, según apunta Mato, «la figura del cuidador familiar, concebida en el articulado de la Ley como una excepción, se ha convertido en una norma general».
Por ello, y una vez resaltada la figura de los cuidadores familiares –»el Gobierno reconoce y aprecia el esfuerzo de estas personas que sacrifican su vida, su tiempo y su trabajo al cuidado de sus padres, de sus hijos o de sus familiares dependientes«–, la apuesta por una atención «más profesionalizada y cualificada trata de aliviar la carga inmensa que muchas veces supone el papel de cuidador para el familiar y también genera empleo y actividad económica, garantizando, además, la calidad de los servicios», argumenta la ministra de Sanidad.
Tres grados de Dependencia
La priorización del gran dependiente y del dependiente severo constituye otro de los pilares de la nueva reforma, «pues son estas personas –explica Mato– las que más cuidados necesitan y las que requieren una atención más exhaustiva». La medida busca, por tanto, reducir el tiempo de espera e inyectar más agilidad a los trámites para que se les reconozca el grado de Dependencia.
Para ello, se simplifican los grados y niveles, por lo que el reconocimiento de las personas que entren en el sistema se ajustará a tres grados –Gran Dependencia, Dependencia Severa y Dependencia Moderada– en lugar de a los seis niveles actuales.
En el caso de los dependientes moderados, su entrada en el sistema se retrasará hasta el año 2015, quedando hasta esa fecha en manos de los servicios sociales autonómicos y regionales.
Aportación en función de la renta
Finalmente, y en favor de la igualdad del sistema, Mato ha avanzado la intención del Gobierno de hacer un modelo «más justo, equitativo y solidario», por lo que una vez entre en vigor el acuerdo que mejora los mecanismos de la Dependencia, el usuario que más renta tenga aportará más al mantenimiento de los mismos.
