Como incide FEAPS, «la toma de medidas cuya aplicación se ha justificado por la coyuntura económica actual, en ningún caso debe suponer la vulneración del derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con necesidades educativas especiales».
Discriminación
Entre otros aspectos, las políticas económicas en el ámbito educativo se concretan en la ampliación del alumnado por aula. Así, el Real Decreto Ley, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público establece una ampliación de un 20% del número máximo de alumnos por clase. Una situación que, como explica la Confederación, «previsiblemente redundará de forma negativa en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, grupo en el que se encuentran las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo«.
A todo ello, recuerda FEAPS, «se suman los recortes en las Comunidades Autónomas tanto en los servicios de orientación psicopedagógica como en los profesionales que prestan el apoyo especializado«.
En este contexto general, denuncia FEAPS, «todos estos recortes suponen una discriminación hacia el alumnado con necesidades educativas especiales». «Las personas con discapacidad intelectual que no reciben apoyos en la escuela tendrán un riesgo significativamente mayor de sufrir fracaso escolar y, consecuentemente, sus posibilidades y oportunidades de inclusión social serán menores», añade la Confederación.
‘No vale cualquier educación’
La educación, apunta FEAPS, «es hoy más que nunca una urgencia para la construcción de una sociedad que tenga en la justicia y la solidaridad sus pilares de crecimiento; no vale cualquier educación para ello».
Así, «en FEAPS, la educación que queremos es una educación centrada en los proyectos de vida singulares de cada alumno y en su contribución valiosa a la construcción de una sociedad mejor, donde el bienestar personal y social y la cohesión social sean las marcas de identidad».
En el año 2008, la Confederación llevó a cabo un estudio en el que se demostró que las familias con una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo deben realizar un sobreesfuerzo económico de cerca de 30.000 euros anuales. Y como lamenta FEAPS, «las medidas de recorte que se están tomando vienen a sumarse a la situación de partida de estas familias, lo que les pone en circunstancias de clara desventaja en su bienestar familiar y personal».
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