La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) ha remitido un comunicado a los familiares de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a las organizaciones que las representan con objeto de “animarles a que protejan el derecho al voto” de los afectados en los juicios de incapacitación.

En la actualidad, tal y como informó la Red de Juristas de FEAPS este miércoles 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, en torno a 80.000 personas censadas en nuestro país no pueden disfrutar de su derecho al voto tras haber sido incapacitadas judicialmente. Y es que, explica la Confederación, “entre un 80% y un 85% de las sentencias que acuerdan la necesidad de una incapacitación judicial también privan de este derecho fundamental al sufragio”. Todo ello a pesar de que se trata de un derecho fundamental reconocido en la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Concretamente, la Convención establece en su artículo 29 que los Estados Parte deben asegurar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida política y pública en igualdad de condiciones que las demás, incluidos el derecho y la posibilidad de votar.

Defender el derecho al voto

Para paliar esta situación, y en aquellos casos en los que resulte necesario iniciar un proceso de incapacitación, FEAPS propone que los familiares o, en su defecto, las organizaciones, se aseguren de solicitar de forma expresa la conservación del derecho al voto.

Asimismo, y en aquellos supuestos en los que ya exista una sentencia de incapacitación, FEAPS recomienda que los familiares o las organizaciones soliciten por vía judicial la revisión de la misma, para así posibilitar el ejercicio del derecho al voto.

Para más información sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad, consulta la Campaña ‘Mi voto cuenta’ de FEAPS.

Para leer el comunicado de la Red de Juristas de FEAPS, clica aquí.

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