Un portavoz del Ministerio de Sanidad señaló este miércoles que este documento es ?un primer borrador? con el que ?empezar a negociar?. ?No es una propuesta en firme y el ministerio está abierto a todo tipo de propuestas?, añadió este portavoz. El texto demuestra, en cualquier caso, que llevar a la práctica el copago en estos productos tal y como se ha planteado en el decreto sería casi imposible porque implica aportaciones de cientos de euros mensuales para muchos usuarios, por lo que el ministerio y las comunidades tendrán que resolver en los próximos meses cómo fijar estas cifras.

En la sanidad pública se recetaron el año pasado 3.279.924 envases de productos dietoterápicos. El decreto que se aprueba se limita a fijar para estos productos la misma escala de copago que para los fármacos: un 10% para los pensionistas; un 50% para la población activa (excepto los usuarios con rentas inferiores a 22.000 euros, que pagarán el 40%); y un 60% para las rentas de más de 100.000 euros anuales.

La propuesta pasa por eximir totalmente del pago a los pacientes con trastornos metabólicos complejos, en general enfermedades raras, que necesitan el tratamiento durante toda su vida y para los que estos productos son, en muchos casos, la única fuente de alimentación.

El copago sí que se aplicará a los enfermos que precisen nutrición enteral domiciliaria (NED). Estos son enfermos con determinadas patologías y situaciones clínicas que no pueden cubrir sus necesidades nutricionales con alimentos comunes. En algunos casos, los consumen temporalmente como única fuente de alimentación y, en otros, se emplean para completar la dieta. Entre los pacientes que pueden necesitar nutrición enteral se encuentran algunos de enfermos de cáncer, pacientes sometidos a cirugías digestivas, con afecciones neurológicas o enfermos de Alzheimer.

Al contrario de lo que ocurre con el copago farmacéutico, el decreto no fija un tope máximo de aportación para los pensionistas que necesiten estos alimentos. En la corrección de la norma publicada el pasado martes se advertía que sí lo habría, pero que no tendría por qué ser el mismo que para los fármacos. Por otra parte, según el decreto, los pensionistas tendrán que pagar en la farmacia el 10% del medicamento y, posteriormente y en el plazo de seis meses, se le devolverá el dinero hasta el límite que le corresponda por su renta. Si este mismo sistema se aplicara a los dietoterápicos, los pensionistas que necesitaran estos productos tendrían que adelantar entre 29,8 y 184 euros al mes, según el anexo incluido en el documento redactado por el ministerio.

La cifra se dispara para la población activa. Si como en principio se ha previsto, se aplica la misma escala que para los medicamentos, un usuario con renta inferior a 22.000 euros que necesite productos dietoterápicos tendrá que pagar al mes entre 119,2 y 776,14 euros. A los que ingresen más de 22.000, el tratamiento le costará entre 149 y 920 euros mensuales, según el cuadro que recoge la propuesta elaborada por Sanidad.

El catálogo de productos dietéticos para nutrición enteral domiciliaria incluye 488 nombres distintos. De ellos, el más usado (entre el 60% y el 70% de los pacientes, según fuentes consultadas) es el tipo CELE, descritas en el documento como ?fórmulas completas monoméricas normoproteicas?. Hay tres subtipos según se usen para adultos, niños o lactante Los precios también varían (más baratos para los niños y más caros para los adultos), pero en todos los casos son elevados: si el usuario tuviera que pagar el 10%, tendría que abonar entre 124,61 y 148,25 euros; para pacientes que tuvieran que aportar el 40%, entre 498,42 y 595 euros; y para los pacientes que aportaran el 50%, la horquilla va de 623 a 741,27 euros.

La propuesta preliminar del ministerio incide también en la necesidad de fijar un precio de venta al público común para estos productos en todas las comunidades, una condición que se impone como necesaria para poder después fijar el copago, igual que ocurre con los medicamentos. Ahora las comunidades pagan precios muy dispares por los dietoterápicos, según la escala que recoge el texto. Por ejemplo, los 580.663 envases que compró Andalucía el año pasado le costaron 50,3 millones de euros. Si los hubiera comprado con los precios de Aragón, le habrían costado cinco millones más. Y con los precios de Madrid, tres millones menos.

El copago, aunque no se sabe aún en qué medida, afectará también a las prótesis y el transporte sanitario no urgente. Así, los ciudadanos que tengan que comprarse una silla de ruedas (esto no afecta a la prestación ortoprotésica hospitalaria, como puede ser una prótesis de cadera) deberán pagar una parte. Actualmente el acceso a los zapatos especiales, las férulas, los andadores o las prótesis mamarias externas, por ejemplo, era diverso entre comunidades autónomas. En algunas, como Andalucía, era gratuito. En otras, como Galicia o Cataluña, los pacientes pagaban un máximo de 30 euros. Una medida que las asociaciones de discapacitados ya han rechazado porque suponen otro lastre para su integración.

También los ciudadanos que utilicen el transporte sanitario para ir a diálisis, a recibir tratamiento de quimioterapia o para volver a casa tras el alta hospitalaria tendrán que pagar una parte de esa prestación. Hasta ahora esta cobertura es totalmente gratuita. La medida plantea muchas dudas a los expertos que piden al Gobierno que aclare qué ocurre, por ejemplo, con las personas que necesiten de este transporte para moverse entre islas, o entre islas y la península o Ceuta y Melilla.

Pero uno de los núcleos fundamentales de la reforma sanitaria es, sin duda, el copago farmacéutico con el que el Gobierno planea ahorrar unos cientos de millones de euros y que se establecerá en función de la renta. Con la reforma los jubilados pasarán, por primera vez, a pagar una parte de los fármacos.