Madrid 15 de enero de 2013

A pesar de la entrada en vigor del copago de algunos fármacos de dispensación hospitalaria el pasado 1 de octubre en el real decreto-ley de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, durante estos tres meses la medida ha quedado en suspenso por diferentes motivos. Sin embargo y ante la intención del Ministerio de Sanidad de finalmente poner en marcha desde este mes de enero de 2014, recordando a las CCAA su obligado cumplimiento:

Las organizaciones españolas de pacientes crónicos más importantes (representamos a más de 10 millones de personas) queremos mostrar públicamente nuestro rechazo frontal a esta medida. Consideramos que extender el copago farmacéutico a los fármacos de uso hospitalario es un error y  no entendemos qué objetivos persigue.

En todo caso, queremos mostrar nuestra satisfacción tras el reciente anuncio por parte de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, de no poner en marcha el copago en el transporte sanitario no urgente, la prestación ortoprotésica y productos dietoterápicos atendiendo al impacto que provoca en los pacientes, criterio que sin duda debe extenderse al de los fármacos de dispensación hospitalaria.

Los pacientes españoles están actualmente cargando con demasiados copagos y recortes en gastos como: farmacia comunitaria, transporte adaptado y ambulancias, ayudas técnicas (sillas de ruedas, bastones y muletas, andadores, cojines adaptados?),adaptaciones en barreras arquitectónicas domiciliarias y atención sociosanitaria especializada ( que se ha reducido en gran medida en los servicios de rehabilitación ofrecidos por las asociaciones de pacientes). A ello, cabe añadir como gasto el efecto de la reducción de pagas a cuidadores familiares, y la limitación de ayudas en apoyo domiciliario, siendo de gran necesidad en caso de situaciones  de dependencia.

Esta decisión del ministerio de Sanidad es un gesto poco afortunado que conduce a una mayor presión hacia los pacientes, creando una alarma de incertidumbre respecto a su futuro ya que tal medida agrava aún más su difícil situación;  debida a las dificultades asociadas a la crisis económica actual, que ha reducido el acceso al empleo para personas con discapacidad y los ingresos por pensiones, agotando por ello los recursos económicos aportados por los familiares que ya  no puede hacer frente a  esta situación.

El objetivo planteado desde el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de esta medida argumentando que garantiza la sostenibilidad del sistema sanitario carece en nuestra opinión de todo sentido ya que «no contribuye» a racionalizar el consumo ni sirve como instrumento de financiación adicional.

Por todo ello las entidades de pacientes abajo firmantes reclamamos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que al igual que ya fue planteado en el Congreso de los Diputados anteriormente:

1.         Derogue la disposición final primera del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social y, en consecuencia, deje sin efecto la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en las prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de la aportación del usuario.

2.         Establezca un tope máximo de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, similar al establecido para los pensionistas, a aquellas personas que padezcan patologías de carácter grave o crónico.»

ACCU, Confederación de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa de España

AECC, Asociación Española contra el Cáncer