El 25 de febrero es el Día Internacional del Implante Coclear, dispositivo que, junto a otras prótesis auditivas de última generación, ha supuesto una revolución en el tratamiento de la sordera. Conmemoración que pone de relieve nuevos retos que hay que afrontar y respuestas pendientes a las demandas planteadas por las personas sordas y sus familias.
Dispositivos externos cada vez más discretos, la mejora de la discriminación del sonido con ruido ambiente, la compatibilidad con la última tecnología móvil?, son algunos de los desafíos superados por las prótesis auditivas en los últimos años.
En el marco del Día Internacional del Implante Coclear, hay que poner de relieve el indiscutible avance que, en concreto, significa el implante coclear para el tratamiento de las sorderas profundas, y en algunos casos severas. Lo que es evidente a nivel mundial, particularmente, en nuestro país, se evidencia cada día al comprobar el diferente significado de la sordera en las nuevas generaciones de jóvenes y de niños sordos.
Pero aún quedan demandas sin respuesta y las Administraciones Sanitarias no pueden mantenerse ajenas a las mismas. En concreto, y en relación con el implante coclear: la cobertura de la prestación sanitaria para la renovación de todos los componentes externos del implante coclear, imprescindibles para su funcionamiento, así como apostar por la última tecnología en los dispositivos que se implanten, especialmente en niños. Además, es fundamental terminar con la muy desigual aplicación territorial de la Cartera Básica, aprobada para todo el Estado, poniendo al alcance de las personas sordas y sus familias la implantación bilateral, en ambos oídos, cuando exista la indicación médica para ello, sin ningún tipo de discriminación por edad.
Para quienes llevamos años de espera de un mínimo -y justo- tratamiento igualitario de las prótesis auditivas, implantes y audífonos, dentro del Sistema Nacional de Salud (cuya universalidad, por cierto, se defiende desde todas las tribunas sin reparar en que existen estos casos de flagrante discriminación hacia las personas con discapacidad auditiva), es difícil de entender la demora en la tramitación de una norma que, si bien no satisface todas las necesidades de los usuarios de estas prótesis, y nos aboca a seguir activos en esta demanda, sí venía a mejorar algunos aspectos de la prestación sanitaria y a compensar el sobrecoste y copago desorbitado que han de soportar las familias y las personas con sordera.