Las consultas jurídicas por problemas laborales realizadas por los pacientes con VIH/sida en 2011 crecieron un 2%. Así, y como muestra el Informe 2011 del Servicio de Asesoría Jurídica del Observatorio de Derechos Humanos de Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado Español (REDVIH), supusieron hasta un 28% del total de consultas realizadas (161).
En palabras de Héctor Fortuny, facilitador del Grupo de Derechos Humanos de REDVIH, “los pacientes con VIH, que ya se enfrentan con más dificultades que el resto para acceder al mundo laboral, sufren con mayor dureza la actual situación de crisis económica y mayor desprotección social”.
Por ello, apunta Fortuny, “resulta imprescindible establecer mecanismos que favorezcan la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral de las personas que viven con VIH, lo que requiere el apoyo de todos los actores implicados en el empleo”.
Atención sanitaria
Además de sobre las situaciones de despido, sobre las barreras para optar a puestos y sobre la no renovación de contratos, algunas de las consultas jurídicas referentes al empleo se debieron a violaciones de la confidencialidad del estado serológico.
Por su parte, la atención sanitaria se mantuvo como el segundo motivo de consulta (20%). Los casos más habituales tuvieron que ver con tratos vejatorios o abusos de poder, ruptura de la confidencialidad o dificultades para recibir el tratamiento en comunidades autónomas distintas a las de origen en el momento de cambiar de residencia.
Pólizas de seguro
Finalmente, el tercer ámbito con mayor número de consultas jurídicas fue el de los seguros (13%), con un aumento del 4%. Como explica Joan Bertran de Bes, coordinador del Informe, “en la actualidad, las compañías no permiten contratar un seguro de vida a personas con VIH y, de igual forma, ocurre con las pólizas anexas a préstamos bancarios e hipotecas”.
Así, y entre otros, el Informe constata casos en los que se ha negado una hipoteca al no poder suscribir un seguro de vida; la imposibilidad de seguir cursos de formación por no poder contar con un seguro de accidentes; o negativas de aseguradoras a hacer efectivo el pago de un seguro de defunción.
Por tanto, concluye Bertran de Bes, “hay una discriminación clara hacia las personas que viven con VIH en España, ya que los datos epidemiológicos actuales sitúan la esperanza de vida de las personas con VIH en este país cerca de la de la población media, lo cual no justifica que el VIH siga siendo un factor excluyente en los seguros”.
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