La Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Federación Nacional ALCER), miembro de Somos Pacientes, y la Sociedad Española de Nefrología (SEN) han emitido un comunicado conjunto para manifestar su satisfacción por la aprobación por unanimidad de todos los grupos de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados de una proposición no de ley (PNL) para ayudar a sufragar los costes de la factura eléctrica de los pacientes que realizan tratamiento de diálisis domiciliaria –diálisis peritoneal o hemodiálisis domiciliaria.
Para Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional ALCER, se trata de “una medida absolutamente necesaria, que fomenta la equidad entre los distintos tipos de tratamiento renal sustitutivo (TRS) para no penalizar a aquellos que optan por una técnica domiciliaria de diálisis. Con los actuales precios de la energía, este colectivo de pacientes es especialmente vulnerable y, al ser un tratamiento incluido en la cartera de servicios del sistema público de salud, no puede costarles ni un solo euro realizarlo en sus propios hogares”.
Por su parte, la doctora Patricia de Sequera, presidenta de la SEN, valora “muy positivamente que se haya aprobado esta PNL para que se pongan en marcha medidas que puedan ayudar a sufragar los costes de la electricidad de estas personas”.
Fuente de inequidad
Para los pacientes electrodependientes, caso de aquellos en diálisis domiciliaria, la escalada del precio de la energía supone un incremento en su factura de 30 a 60 euros mensuales. Además, y dado que la regulación eléctrica establece un precio diferente según la hora del día, los pacientes renales se ven abocados a realizar su tratamiento en horas muy tempranas o poco habituales, alterando su ritmo de vida.
Es más, dada la complicada situación económica en la que se encuentran, algunos están rechazando la opción del TRS a través de técnicas domiciliarias. De Sequera destaca que “para algunos, recibir la diálisis en casa es un lujo que no se pueden permitir y los costes eléctricos ya están suponiendo una nueva barrera para el acceso a esta técnica”.
De ahí la importancia de la nueva PNL, en la se insta al Gobierno a promover, en el plazo máximo de un mes, las reformas necesarias de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y otras normas que se consideren oportunas, para que las personas con enfermedades crónicas y electrodependientes puedan acceder a la energía con ayudas o bonificaciones.
Un total de ocho comunidades –Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Islas Canarias y País Vasco– ya ofrecen en la actualidad ayudas para los pacientes renales con diálisis domiciliaria, si bien resultan insuficientes para compensar el alza de la factura eléctrica; y la Federación Nacional ALCER y la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT) abrieron el pasado mes de abril una línea de ayudas para apoyar a estos pacientes a paliar los efectos de la subida del coste de la energía.
– A día de hoy, 33 asociaciones de pacientes dedicadas a la insuficiencia renal son ya miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?
