Concretamente, y como explica el CERMI, “en su informe al ‘Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local’, el máximo órgano consultivo del Gobierno indica la posibilidad y la conveniencia de que los Ayuntamientos retengan las competencias en materias como la salud, la educación o los servicios sociales, y que éstas, como pretende el Ejecutivo, no pasen a las Comunidades Autónomas”.
Ayuntamientos, no CC AA
En consecuencia, el dictamen del Consejo de Estado respalda las demandas de distintos y numerosos movimientos sociales –caso del de la discapacidad, representado por el CERMI–, absolutamente contrarios a esta desposesión de competencias sociales de los Ayuntamientos a favor de las Comunidades Autónomas. No en vano, recuerda el Comité, “esta deslocalización perjudicaría gravemente las políticas sociales y de inclusión de grupos vulnerables”.
Por todo ello, reclama el CERMI, “es el momento de que el Gobierno reconsidere su posición de partida y, con arreglo a las recomendaciones del Consejo de Estado, modifique la propuesta legislativa para que las Corporaciones Locales sigan teniendo competencias en la esfera social, incluso reforzadas”.
En este contexto, debe tenerse en cuenta que “es una evidencia que los países que tienen mayores cotas de bienestar social, las políticas sociales están atribuidas a los poderes locales, más próximos a la ciudadanía; en España, la gestión por las CC AA de los asuntos sociales se ha revelado como un absoluto fracaso, como demuestra el fallido despliegue de la ‘Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia’”.
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