Según informa el CERMI, «pese a las insistentes propuestas que hemos planteado al Ministerio que dirige Ignacio Wert para que la reforma de la Ley Orgánica de Educación incorpore el modelo de inclusión educativa para personas con discapacidad exigido por la Convención de Naciones Unidas, el texto ministerial no ha entrado en la modificación de los aspectos relacionados con el alumnado con discapacidad, por lo que a nuestro juicio se desperdicia una oportunidad histórica para que España cumpla con sus compromisos internacionales en el ámbito de los derechos humanos de las personas con discapacidad, adaptando su legislación».Educación especial y no inclusiva
Concretamente, el tratado internacional de la discapacidad impone a los Estados que los sistemas educativos sean inclusivos, «lo que significa, entre otras cuestiones, que no son compatibles con la Convención aquellos modelos, dispositivos o prácticas que segreguen al alumnado con discapacidad, a través de modalidades específicas o separadas de enseñanza», recuerda el Comité.
Y es que a día de hoy, y cuando menos, un 20% del alumnado con discapacidad de nuestro país está escolarizado en modalidades de educación especial. Modalidades que, como establece la Convención, no son acordes con el principio de educación inclusiva, a la sazón «el único aceptable –incide el CERMI– desde una perspectiva de derechos».
En consecuencia, y en espera de que el modelo español se adecúe a la legislación internacional y, por ende, se alcance un sistema plenamente inclusivo, el CERMI reclama que «mientras existan dos modalidades educativas, ordinaria y especial, la elección sobre la adscripción del alumno o alumna con discapacidad recaiga sobre sus progenitores o representantes legales, y no sobre los administración educativa, como mantiene nuestra legislación, lo que vulnera gravemente el derecho a la libre opción que consagra la Convención a toda persona con discapacidad».
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