En palabras de Mario García, presidente de COCEMFE, «el Ejecutivo debería aumentar los niveles de protección de las personas con discapacidad, en lugar de que sean las primeras en verse afectadas por los recortes; debería promover medidas estructurales que apuesten por la inclusión social del colectivo, luchando decididamente contra las discriminaciones en el ámbito laboral y educativo, el paro y la precariedad laboral«.
Por debajo del umbral de la pobreza
En la actualidad, las personas con discapacidad tienen unos ingresos un 25% inferiores a los de la población general. De hecho, en nuestro país hay 21.200 personas con discapacidad que viven cada mes con únicamente una pensión no contributiva de 357,70 euros. Una cifra, por tanto, inferior a los 627 euros mensuales establecidos como umbral de pobreza, «el nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida» recuerda COCEMFE. Y una cifra que, asimismo, también resulta inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532,5 euros mensuales.
Como denuncia Mario García, «estos datos demuestran que hay un submundo dentro de la discapacidad; son personas que difícilmente pueden pasar cada mes al recibir unos ingresos irrisorios que en nada pueden apoyar su autonomía personal e integración social».
El resultado es que las personas con discapacidad se ven obligadas a hacer un sobreesfuerzo económico para mejorar sus condiciones de vida. Y como explica COCEMFE, «a este sobreesfuerzo, que se lleva una gran parte de sus ingresos, hay que sumar las subidas de tasas e impuestos, los recortes sociales y copagos que todas las administraciones están llevando a cabo, causando un serio perjuicio tanto a la integración y normalización de este colectivo como a su situación financiera».
Desigualdades educativas y laborales
El porcentaje de personas con discapacidad que han terminado estudios secundarios o superiores es de únicamente un 12%. En el caso de la población general, la proporción es de un 30%. Por ello, COCEMFE llama la atención sobre «la importancia de potenciar que este colectivo alcance el nivel de estudios secundarios, ya que al incrementar las opciones de encontrar un empleo y el acceso a niveles educativos más altos, tendría también la posibilidad de obtener remuneraciones económicas más elevadas«.
De la misma manera, también resulta esencial que las Administraciones promuevan la incorporación de este colectivo al empleo, ya sea ordinario, con o sin apoyo o protegido. Y es que en el ámbito laboral «las desigualdades también son evidentes, puesto que la tasa de actividad es del 36,2%, casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad», denuncia la Confederación.
Por todo ello, Mario García considera «ineludible rectificar la reducción de subvenciones en los Centros Especiales de Empleo, donde las aportaciones del Estado son imprescindibles para su sostenibilidad y funcionamiento, así como que se cumplan las leyes en materia de integración de nuestro colectivo, como es la LISMI, que la mayoría de las empresas incumple reiteradamente sin ningún miramiento».
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