En palabras de Mario García, presidente de COCEMFE, “el incumplimiento reiterado de las leyes que regulan la educación inclusiva es una realidad en España. Un hecho está ocasionando complicaciones a los niños y jóvenes con discapacidad y sus familias, las cuales se ven obligadas a recurrir a la Justicia y luchar durante largos periodos de tiempo para conseguir algo a lo que en realidad ya tienen derecho”.
Mayores recursos humanos
Por ello, y con objeto de revertir esta situación, la Confederación ha solicitado a los centros educativos con estudiantes con discapacidad que cuenten con los recursos humanos necesarios para que los alumnos puedan alcanzar su máximo desarrollo personal y social.
Unos recursos como son, entre otros, la presencia de personal preparado para atender las necesidades de las personas con movilidad reducida, dado que existen “numerosos casos de personas que solo se pueden desenvolver con normalidad cuando sus progenitores van al centro para ayudarles”, lamenta COCEMFE.
Y asimismo, los centros deben contemplar las particularidades de los alumnos con discapacidad y “no planificar –reclama la Confederación– actividades extraescolares totalmente inaccesibles para el colectivo, lo que supone una discriminación que impide a este colectivo participar en las actividades organizadas, supuestamente, para todo el alumnado”.
Segregación educativa
De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, en nuestro país hay en la actualidad 156.092 alumnos con discapacidad, de los que hasta un 80% acude a centros de educación especial –que no centros ordinarios.
Así, y ante esta situación, como señala Mario García, “los centros de educación especial tienen que dar el relevo a los ordinarios para que la educación sea verdaderamente inclusiva y, de esta manera, acabar con una segregación educativa, que es discriminatoria y contradice los tratados internacionales ratificados por España”.
En esta misma línea, COCEMFE también reclama la adopción de medidas que garanticen el acceso y la permanencia del alumnado con discapacidad “más allá de las etapas obligatorias”. Medidas, además, que también deben contemplar un incremento de los apoyos y recursos docentes, materiales y económicos que posibiliten paliar, entre otras situaciones, “las dificultades en el desplazamiento hasta los centros, la falta de accesibilidad de las instalaciones, la escasez de monitores y profesores de apoyo en algunos territorios, las elevadas ratios de alumnos por profesor y las insuficientes prestaciones económicas para paliar los sobrecostes que supone tener una discapacidad”, concluye Mario García.
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