Como recoge la queja remitida por el CERMI al Defensor del Pueblo, “la proliferación e implantación de patinetes y el mal uso y aparcamiento de estos nuevos elementos de movilidad urbana, sean eléctricos o no, ponen en riesgo la seguridad y comprometen la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad”.
Vulneración de la ley
En la misiva remitida a la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán, el CERMI advierte del peligro añadido que supone la velocidad elevada que alcanzan los nuevos elementos de movilidad y su falta de sonido, lo que puede provocar que las personas con discapacidad no se percaten de su presencia, y por tanto, tengan más dificultades para evitar un posible accidente.
Es más; como recuerda el Comité, “el mal estacionamiento de estos elementos de transporte puede generar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. Aparcar en el cruce de dos calles, en el acceso a un paso de peatones o estacionarlo cruzado en medio de la acera pueden convertirse en impedimento para transitar o producir un accidente de consideración”,
En este contexto, debe tenerse en cuenta que, por una parte, todas estas situaciones vulneran la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y, por otra, que nuestro país ya estableció en 2003 la obligación legal de que el 4 de diciembre de 2017 todos los bienes, entornos y servicios de interés tenían que ser plenamente accesibles.
Por todo ello, concluye el CERMI “solicitamos la intervención del Defensor del Pueblo para que investigue esta situación e inste a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a que impulsen medidas de regulación de estos vehículos orientadas a garantizar la seguridad, la accesibilidad y la movilidad de toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad”.
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