Como explica el CERMI, «a pesar de las demandas del movimiento social de la discapacidad a lo largo de la tramitación de la normativa, la ley finalmente aprobada por el Parlamento entra en conflicto claro con los mandatos de educación inclusiva contenidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas«.Legislación discriminatoria
Concretamente, y como recogen los argumentos jurídicos-constitucionales presentados en la Oficina del Defensor del Pueblo, «la LOMCE –denuncia el Comité– no ha terminado con la segregación educativa por razón de discapacidad que se mantiene en nuestro ordenamiento jurídico, que supone la existencia de unas estructuras de educación especial, distintas a las generales del sistema educativo, en las que se obliga a escolarizar a un parte del alumnado con discapacidad. Y esta segregación educativa por motivos de discapacidad es discriminatoria y contraria a las obligaciones internacionales asumidas por España».
Es más; la LOMCE tampoco ha suprimido la potestad que la legislación vigente concede a las administraciones educativas, organismo que, en última instancia, deciden sobre la modalidad de escolarización, ordinaria o especial, del alumnado con discapacidad, «contraviniendo así la libertad de elección que la Convención de la ONU garantiza a toda persona con discapacidad», recuerda el CERMI.
Por todo ello, el CERMI solicita a Soledad Becerril que haga suyas las consideraciones aportadas y plantee recurso de inconstitucionalidad contra la Ley.
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