El CERMI se ha dirigido a los distintos Grupos Parlamentarios solicitándoles que examinen la propuesta remitida y la hagan suya, planteando a la Cámara la modificación del régimen electoral «a fin de eliminar esta discriminación de los derechos políticos más básicos por razón de discapacidad».
En su propuesta, el CERMI fundamenta su solicitud «en argumentos estrictos de derechos humanos» contrarios al actual régimen electoral español, que claramente debe ser modificado.
Orden judicial
El ordenamiento electoral español permite a los jueces que en las sentencias recaídas en procedimientos de incapacitación se pueda privar a determinadas personas con discapacidad del derecho de sufragio. Una posibilidad, por tanto, «claramente contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España», explica el CERMI.
La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), institución encargada de velar por el cumplimiento de la referida Convención Internacional, ya instó a España en septiembre de 2011 a modificar con urgencia su legislación electoral para erradicar esta vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Por todo ello, el CERMI plantea en su propuesta a los Grupos parlamentarios la eliminación de los apartados de la Ley Electoral que permiten esta privación del derecho de sufragio a personas con discapacidad, así como «la rehabilitación plena del derecho por ministerio de la Ley a todas las personas que en estos momentos lo tienen limitado en virtud de sentencia judicial».
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