Como recuerda el CERMI, “las personas con discapacidad, en especial aquellas que necesitan apoyos para la toma de decisiones, son consumidores colocados en posición de extrema vulnerabilidad, que les hace ser víctimas propicias para los abusos financieros, sin que la normativa aplicable los proteja suficientemente”.
Reforzar la protección
En los últimos años, las quejas y reclamaciones de personas con discapacidad que se han visto involucradas en episodios de abusos y fraudes financieros han sido numerosas y continuas. Unas personas que, denuncia el Comité, “se han visto inducidas a adquirir productos y servicios mediante engaño, mala fe o información falseada o incompleta de los riesgos que asumían adquiriéndolos o contratándolos”.
Sin embargo, y si bien estos fraudes tienen un impacto devastador en las economías por lo general débiles de las personas con discapacidad y sus familias, “el ordenamiento jurídico no depara ninguna protección reforzada contra los abusos, dejando a este sector de población en una situación enormemente precaria, que agrava su vulnerabilidad social”, concluye el CERMI.
– A día de hoy, 65 asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad y a la dependencia ya son miembros de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?
