Como explica el CERMI, «esta iniciativa, esto es, la promoción del acceso de las personas con discapacidad a una vivienda digna y de calidad, adecuada a sus circunstancias, se pondría en marcha a través del fomento de fórmulas de arrendamiento de viviendas por parte de entidades de iniciativa social no lucrativa que desarrollen acciones de habilidades y tránsito a la vida autónoma de personas con discapacidad«.
Así, la finalidad de este programa sería colocar viviendas sin uso actual, siempre en régimen de alquiler, a entidades de iniciativa social que tengan en su objeto social la atención a personas con discapacidad, para que estas las destinen obligatoriamente a proveer de vivienda a personas con discapacidad como medio para alcanzar la vida autónoma y la inclusión en la comunidad.
Beneficiarios
Concretamente, según especifica el CERMI, «las viviendas consideradas en este programa podrían proceder del parque ocioso de vivienda, derivado de la explosión edificatoria de años pasados, del que son titulares compañías inmobiliarias y entidades financieras, así como del parque de vivienda disponible o que se genere con algún grado de protección pública«.
Las entidades sociales beneficiarias serían organizaciones sin ánimo de lucro, bien asociaciones declaradas de utilidad pública o fundaciones, con una antigüedad a contar desde su válida constitución de al menos cinco años, que además tengan recogido expresamente en su objeto social la mejora de la calidad de vida y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad.
Por su parte, los destinatarios del programa serían personas con discapacidad oficialmente reconocidas como tales –con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Finalmente, los apoyos económicos destinados a este programa se establecerían en los planes oficiales de vivienda, apoyos que como indica el CERMI, «deberían ser los más elevados de los disponibles dentro del marco de incentivos a la vivienda atendiendo a su fin social; además, debería sondearse con Hacienda si cabría adoptar incentivos fiscales suplementarios a los actualmente vigentes, tanto para los titulares de las viviendas como para las entidades arrendatarias, que tornase más atractivo el programa».
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