Como recuerda el CERMI, son numerosos y profundos los cambios normativos que España ha de acometer en el ámbito de la Justicia para que nuestro país cumpla con la Convención de la ONU, que es especialmente exigente en relación con la plenitud civil y de derechos de las personas con discapacidad.
Reformas legislativas
En primer lugar, el Gobierno ha de modificar el Código Civil y las leyes procesales civiles para suprimir del ordenamiento español la figura de la incapacitación judicial, absolutamente incompatible con la Convención, y sustituirla por un proceso de apoyo a la toma libre de decisiones por parte de las personas con discapacidad que precisen de este acompañamiento.
En segundo lugar, el Gobierno debe revisar la regulación legal de los internamientos forzosos para que, en ningún caso, puedan efectuarse sobre la base de la discapacidad de la persona, ya que suponen una violación flagrante de los derechos humanos.
Por lo que respecta a la esfera penal, el Gobierno ha de desterrar de las leyes criminales la aceptación de la esterilización no consentida de determinadas personas con discapacidad y establecer un sistema de medidas de seguridad en el que la discapacidad no resulte un hecho relevante a ningún efecto negativo para los derechos y la libertad de la persona.
Otra de las normativas que han de modificarse es la legislación de Jurado, que mantiene disposiciones que excluyen a las personas con discapacidad y que a la luz de la Convención, resultan claramente discriminatorias.
En la misma línea, y también en el enjuiciamiento criminal, se ha de revisar todo el procedimiento para garantizar los derechos de las personas con discapacidad a un juicio justo y a una defensa correcta y con todas las garantías, de modo que no sufran una doble victimización, tal y como ocurre actualmente.
En definitiva, concluye el CERMI, «la agenda de asuntos es enorme y el Ministerio de Justicia y el Gobierno han de impulsarla con rapidez y en todo caso con arreglo a los principios y mandatos de la Convención, que obliga a alterar sustancialmente muchas de las instituciones aceptadas en relación con la Justicia y las personas con discapacidad».
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