Como advierte el CERMI, “el texto de la LOMCE aprobado por el Congreso incumple gravemente los mandatos de inclusión educativa que derivan de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que impone a España obligaciones claras como parte de este tratado internacional”.
Así, el Comité ha presentado al Senado un documento con más de 45 propuestas de enmiendas al proyecto de ley, que tienen como objetivo fundamental acomodar la legislación educativa española a los requerimientos de la Convención de la ONU –muy especialmente a su artículo 24, dedicado a la garantía de la inclusión educativa.
No a la segregación
Entre los aspectos «más flagrantemente contrarios» a las directrices del tratado de Naciones Unidas en materia de discapacidad, el CERMI destaca “la necesidad de poner fecha de finalización a cualquier estructura o modalidad de educación especial, que supone la segregación de parte del alumnado con discapacidad y que con arreglo a la Convención, es inadmisible y atenta contra los derechos humanos de las personas con discapacidad”.
Y es que en nuestro país, más de un 20% del alumnado con discapacidad –cerca de 40.000 escolares– permanece aún en modalidades de educación especial, modalidades que “deben ser amortizadas y asumidas por una enseñanza que no haga distingos ni diferencias negativas por razón de discapacidad y que asegure los apoyos precisos en un entorno efectivamente inclusivo”, recuerda el CERMI.
De hecho, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ya señaló oficialmente en 2011 que la legislación educativa española debía ser modificada en profundidad para ajustarse a los mandatos de la Convención, “cuestión que el Gobierno ni el Congreso han asumido al mantener la normativa reguladora en los mismos términos que hasta ahora, haciendo caso omiso a las obligaciones internacionales exigibles a España”, denuncia el Comité.
Libertad de opción
De la misma manera, y entre otros aspectos preocupantes, el CERMI reclama al Senado la modificación de la ley para que “mientras existan modalidades de escolarización especial, que en todo caso deberían concluir antes del año 2020, la decisión de adscribir al alumnado con discapacidad a una u otra pertenezca a la familia o representantes legales, o al propio escolar, si este es mayor de edad”. Y es que según la normativa actual, la decisión última corresponda a la Administración educativa, “lo que en cualquier ámbito supone una vulneración evidente de la libertad de opción que la Convención reconoce a toda persona con discapacidad”, concluye el Comité.
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