Como destaca el CERMI, «la decisión de la Audiencia madrileña conecta con la demanda ya antigua del sector social de la discapacidad de promover una modificación legislativa para establecer como inembargables, sea cual sea la cuantía, todas las pensiones, ayudas y demás prestaciones públicas de carácter social que tienen como objeto atender las necesidades básicas de autonomía de personas en situación de discapacidad o dependencia».Mantener una dignidad mínima
El pasado martes, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid declaró inembargable el complemento de gran invalidez de un ciudadano en silla de ruedas y un grado de discapacidad del 89% para que tanto él como las personas dependientes a su cargo –sus padres, de 78 años de edad– puedan atender «con razonable dignidad a su subsistencia«.
Así, y en un auto en el que no cabe recurso, los magistrados estiman la demanda del ciudadano, al que le habían embargado el total de la pensión –1.333 euros y un complemento de gran invalidez de 660 euros– y concluyen que la cuantía por invalidez no es una pensión que se acumule a la anterior, sino un complemento de la misma destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le ayuda. Así, “el complemento, por disposición legal, está destinado a que el inválido pueda remunerar al que le atiende, siendo una finalidad concreta, determinada y básica”.
Por todo ello, destaca el CERMI, «la fundamentación jurídica de la sentencia es impecable pues conecta este carácter de inembargabilidad con la finalidad última de este tipo de prestaciones, que no son una pensión en sí misma, sino que están vinculadas con necesidades ineludibles de atención y apoyo del pensionistas o perceptor para poder mantener una dignidad mínima como ser humano».
Ahora, el siguiente paso, como indica el Comité, es que «el Legislador asimile esta visión y que los grupos parlamentarios y el Gobierno promuevan cambios legislativos para llevar esta interpretación judicial al Derecho positivo, como mandato legal».
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