Como denuncia el CERMI, “impedir el establecimiento de un fondo estatal, nutrido con el 1% de las inversiones anuales del Estado en obras, infraestructuras y tecnologías de la información y agenda digital, tal y como viene reclamando nuestro Comité, es un gravísimo ataque al bien social de la accesibilidad universal y permitirá que, a pesar de los mandatos legales, persista la discriminación estructural y sistemática contra las personas con discapacidad”.
Veto del Gobierno
El pasado lunes, el Gobierno comunicó al Congreso de los Diputados su veto a la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para la creación de este fondo estatal de promoción de la accesibilidad, alegando que supondría un incremento de gasto para el Estado de 75,44 millones de euros.
Concretamente, el documento que fija el criterio del Gobierno respecto a esta proposición de Ley indica que “la aprobación de esta iniciativa supondría un aumento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución”.
Es más; en el documento, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy recuerda que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.
Así, y ante esta situación, el CERMI ha solicitado a la Mesa del Congreso que se oponga a este veto injustificado y que la iniciativa siga su curso parlamentario para que finalmente sea aprobada.
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