El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha «desmentido rotundamente que se vayan a cerrar los centros de educación especial, tal como están difundiendo algunas organizaciones».
El departamento que dirige Isabel Celáa recuerda en un comunicado que ya hace un año desmintió esa posibilidad en una carta dirigida a varias organizaciones representativas del colectivo como Plena Inclusión, CERMI o a la plataforma ‘Educación Inclusiva sí, Especial también’.
Educación recuerda que el Proyecto de Ley de Educación, que actualmente está en fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados, recoge literalmente que «el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad«.
Y en ese mismo texto se afirma que «las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».
El MEFP recuerda que «trabajará para que los alumnos con necesidades especiales que se escolarizan en centros ordinarios puedan tener la mejor atención» porque «lo contrario supondría una grave discriminación, tanto para ellos como para sus familias, al negarles los derechos recogidos en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad».
Por último, Educación afirma en su comunicado que «lamenta profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable«.
