Como explica el CERMI, «el TC no ha tenido en cuenta los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, firmada y ratificada por España. Y tampoco ha asumido el paradigma de la educación inclusiva, en toda su intensidad y alcance, que establece el tratado de derechos humanos de Naciones Unidas en materia de discapacidad».
No en vano, y a través de este fallo, el TC no ha reconocido la libertad de los progenitores para elegir la modalidad de escolarización, que de acuerdo con lo establecido en la legislación puede ser impuesta por la Administración educativa.
Por ello, alude el Comité, «sin duda, este pronunciamiento del TC es una oportunidad perdida, que retrasará el proceso de adecuación del sistema educativo español a las exigencias de la Convención de la ONU, resintiendo los derechos de las personas con discapacidad».
Desconocimiento de la Convención
Aún a día de hoy, denuncia el CERMI, «el TC, como otros muchos poderes públicos y operadores jurídicos, parece desconocer en gran medida la Convención de la Discapacidad y deciden cuestiones como si esta no existiera o no comportara una interpretación radicalmente distinta de lo que era habitual hasta ahora, antes de la entrada en vigor, en el 2008, del texto internacional».
Así, y por lo que respecta al derecho a una educación inclusiva por parte del alumnado con discapacidad, «la Convención es profundamente transformadora y obliga a alterar los modelos, criterios y normas de funcionamiento que venía aplicándose hasta el momento en España».
Por todo ello, y en aras de revertir esta situación, «desde el CERMI seguiremos incidiendo y presionando políticamente ante el Legislador para que se modifique la legislación educativa vigente y se implante un auténtico modelo inclusivo, el único respetuoso con los derechos del alumnado con discapacidad», concluye el Comité.
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