Como informa el CERMI, “coincidiendo con el 4 de diciembre, límite legal para que todos los entornos, productos y servicios fueran accesibles, nuestro Comité interpuso este recurso ante el Supremo para que el Alto Tribunal condene al Estado a cumplir la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social de 2013, que ordenaba al Ejecutivo aprobar este desarrollo reglamentario en el plazo de dos años, que expiró en diciembre de 2015”.
Inacción del Gobierno
Dada la inactividad del Gobierno, que ha ignorado este mandato legal pese a las insistentes peticiones del movimiento social de la discapacidad, el CERMI presentó este recurso, ahora admitido a trámite, a fin de que la Justicia, si estima el fondo de la demanda, obligue al Ejecutivo a cumplir las leyes del Parlamento cuando le ordenan acometer desarrollos reglamentarios.
Como explica al Comité, “la no aprobación de estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios impide que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos como, entre otros, el comercio, la educación, la cultura y el deporte, al no existir una normativa mínima estatal reguladora de estas necesidades de accesibilidad”.
Así, y tras la admisión de la demanda, el TS ha requerido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fin de que en el improrrogable plazo de 20 días remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución impugnada.
La demanda del CERMI se enmarca en la litigación estratégica que desde la plataforma de la discapacidad se efectuará en las próximas semanas y meses contra los titulares de entornos, bienes y servicios tanto públicos como privados que no cumplan con los requisitos legales de accesibilidad.
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