La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) han alzado la voz para reclamar que se garantice el cumplimiento real de los derechos sanitarios y sociales de las personas mayores, con discapacidad y enfermedades crónicas, especialmente de las mujeres. Ambas organizaciones coinciden en que, aunque los derechos están recogidos en la legislación, su aplicación efectiva está aún muy lejos de alcanzarse. La inequidad —entendida como la falta de justicia e igualdad en el acceso a recursos, oportunidades y trato—, la brecha digital y la falta de participación activa siguen siendo grandes obstáculos para garantizar una atención adecuada.

Según el Estudio del impacto de la discapacidad de las personas mayores, elaborado por la POP en 2021, en España más del 80% de las personas mayores de 65 años tiene al menos una enfermedad crónica. Además, el 27,3% de quienes tienen una discapacidad a esa edad afirma no poder realizar actividades básicas sin ayuda, y el 23,6% declara que no puede acudir sola al médico u otros servicios sanitarios.

Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, ha sido tajante: “Los derechos de las personas mayores siguen sin garantizarse. Su atención se ve fragmentada, poco accesible y carente de un enfoque integral, lo que vulnera su dignidad y autonomía”.

Ambas entidades concluyen que “no basta con recordar los derechos: hay que cumplirlos y garantizarlos. La salud es un derecho fundamental, y no puede depender de la edad, el género o el nivel digital”. Un mensaje claro que apela a la responsabilidad colectiva de construir un sistema más inclusivo, justo y accesible para todos.

Triple discriminación: mujer, mayor y cuidadora

El problema se agrava en el caso de las mujeres mayores con enfermedad crónica y discapacidad que, además, ejercen como cuidadoras. El informe “Mujer, discapacidad y enfermedad crónica” de la POP revela que el 65% de estas mujeres tiene más de 60 años y el 89% cuida sin ningún tipo de apoyo profesional.

Carina Escobar, presidenta de la POP, lo resume así: “Las mujeres mayores cuidadoras viven una triple discriminación por razón de género, edad y condición de salud. Reivindicamos su derecho al cuidado, no solo a cuidar”.

Brecha digital y percepción de abandono

El VII Barómetro EsCrónicos (2023) también refleja el descontento de los pacientes crónicos con el sistema sanitario. El 65% considera que no se garantizan adecuadamente sus derechos, especialmente en acceso equitativo, continuidad asistencial y atención personalizada. La digitalización, lejos de facilitar el acceso, ha supuesto una barrera adicional: el 61% de los encuestados percibe que ha dificultado su relación con el sistema, con especial incidencia en personas mayores con baja alfabetización digital.

Un llamamiento urgente a las administraciones

Ante esta situación, la PMP y la POP han lanzado un llamamiento urgente a las administraciones públicas y al conjunto del sistema sanitario para que se adopten medidas concretas, entre las que destacan:

  • Garantizar la equidad, accesibilidad y cumplimiento real de los derechos sanitarios y sociales, especialmente en personas mayores y con discapacidad.
  • Reconocer y apoyar a las mujeres mayores cuidadoras, con medidas de descanso, apoyo psicológico y acceso a servicios profesionales.
  • Reducir la brecha digital, garantizando la atención presencial y fomentando la alfabetización digital.
  • Impulsar una atención sociosanitaria integrada, centrada en la persona, no en la patología.
  • Fomentar el empoderamiento y la participación informada de los pacientes y personas mayores en la toma de decisiones sobre su salud.