SALUD MENTAL ESPAÑA señala que, sin garantías públicas, no hay libertad para las personas con problemas de salud mental

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA acaba de publicar su ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2023’, en el que, por noveno año consecutivo, y a través de la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, expone las vulneraciones de los derechos de las personas con problemas de salud mental. Amparado por la tarea del Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad de SALUD MENTAL ESPAÑA; coordinado -a su vez- por la Asesoría Jurídica de la Confederación, con la colaboración de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, este material se distingue de los anteriores porque pretende marcar una guía. Es decir, se propone arribar a un discurso genuinamente ético, a partir de un pensamiento desprovisto de prejuicio y estigma.

En esta ocasión, el estudio -realizado en sucesivas ediciones, desde 2015-, recoge datos significativos del año 2023, con un añadido reflexivo. Como señala el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel González Zapico, “se pone a disposición el recurso práctico, pero también se ofrecen pensamientos para que, como sociedad, evolucionemos en derechos”. Al respecto, explora que se trata de “aquellos derechos que las personas con problemas de salud mental siguen sin ejercitar, ya que no se dan las garantías reales que lo posibiliten”.

Este informe da cuenta de que el cuidado de la salud mental se explica en el ejercicio de los derechos de cada uno y cada una; y se diluye cuando estos derechos son vulnerados. En términos de la generación de buenas prácticas, el objetivo de esta publicación es que las personas con problemas de salud mental y su entorno conozcan cuáles son sus derechos, comprendan cómo hacerlos valer, e identifiquen qué instrumentos jurídicos y sociales están a su disposición para que ello ocurra. Asimismo, este trabajo es un llamado a un revisionismo de cada uno y cada una, sin autocomplacencias, de cara a la generación de mecanismos sociales y burocráticos justos.

El documento recoge vulneraciones de derechos que se dan en los territorios a lo largo de todo un año, desde una mirada holística. Se consolida, de este modo, una herramienta que pretende fortalecer las garantías en toda actividad de las personas que tienen un problema de salud mental. Desde esta hoja de ruta, se abordan las implicaciones del edadismo, se denuncia el trato discriminatorio de los seguros y muchas entidades bancarias hacia las personas con problemas de salud mental, y se dedica un apartado completo a los derechos de la infancia y otro a la prevención del suicidio.

Por su parte, Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, explica lo fundamental de pasar de la reacción a la iniciativa. “Este informe viene a introducir visión, pensamiento, reflexión sobre las bases que necesitamos para la cobertura de nuestros derechos”, plantea la especialista. Y asegura que, “sin esa mentalidad, no hay norma que pueda ser modificada; si hablamos de derechos, necesitamos estas reflexiones que ayuden a crear instrumentos que habiliten a las personas a ejercitarlos”.

Tal y como recoge este documento, en primer lugar, se necesitan intervenciones públicas efectivamente orientadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental en los ámbitos que constituyen los pilares básicos del Estado de bienestar: sanidad, educación y derechos sociales. Resulta fundamental la garantía pública, adecuándose las medidas a la realidad social vigente, post pandemia generada por el COVID-19, y a los retos que plantean la demografía, el clima y el mundo digital.

El informe profundiza en que, dentro de esta realidad social, ocupa un espacio especialmente destacado la atención de la salud mental, un problema que se ha revelado como aquello incómodo que ya no puede ni debe ser ignorado, un auténtico ‘elefante en la habitación’. En este sentido, SALUD MENTAL ESPAÑA señala que no hay libertad de las personas con problemas de salud mental sin garantías públicas; y urge alinear las estructuras del Estado que condicionan la vida de las personas con problemas de salud mental, con los derechos humanos.

El presente estudio pone de manifiesto que la precariedad -total o parcial- ya no es opción. En cuanto a los servicios garantizados en el Estado de bienestar, no solo han de proveer una atención de calidad a todas las personas con problemas de salud mental que los requieran, sino que, se indica en el informe, han de articular cauces eficaces para prevenir su proliferación en un sistema que ha dejado al descubierto sus debilidades.

Del informe ‘La situación de la Salud Mental en España: 2023’, elaborado de forma conjunta por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y la Fundación Mutua Madrileña, se advierte que la pandemia generada por el COVID-19 opera como una predecible bisagra en materia de salud mental, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la población española. De hecho, el mencionado estudio concluye que un 74,7% de la población considera que la salud mental de la sociedad española ha empeorado, y pone de relieve que tiene un fuerte impacto en el estado de bienestar de la persona, en todos los ámbitos de su vida.

Se identifica, así, una serie de perfiles vulnerables, como las y los jóvenes, las mujeres, las personas de clase baja y media-baja, el colectivo LGTBIQ+, las personas con dificultad para llegar a fin de mes, las personas con incapacidad laboral y las personas que consumen drogas. En este marco, el informe sobre derechos humanos que publica la Confederación hace hincapié en la necesidad de atender a estos colectivos, con medidas de carácter preventivo y asistencial, tanto desde una perspectiva sanitaria y psicoeducativa, como desde una perspectiva social y económica.

Repasa el presente informe que el artículo número 13 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el mandato a los Estados Parte de “asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás”. Opera aquí lo evidente de una normativa manifiesta, fusionado con lo intangible de barreras sociales, como puede ser el estigma y la discriminación. El análisis sitúa a la persona en el centro, pretende la humanización del sistema, para que este se ponga al servicio de las personas y no a la inversa.

Este documento innova y pone nombre a la ‘accesibilidad psicosocial’, entendida como la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la acogida y la inclusión de las personas con problemas de salud mental, promoviendo mecanismos preventivos y de eliminación de las barreras actitudinales, contextuales, administrativas, sistémicas y simbólicas, que son alzadas por el estigma, los prejuicios y, en definitiva, el desconocimiento.

SALUD MENTAL ESPAÑA insta a un flujo ágil de políticas públicas, que vaya desde los propios servicios públicos a otras estructuras territoriales y sociales, como son las entidades del tercer sector, que acumulan una amplia experiencia, atendiendo a personas de colectivos vulnerables con personal especialmente cualificado. Se propone que, tanto en lo que respecta al trabajo privado como en el ámbito público, la tarea se haga bajo parámetros de calidad acreditables y desde la promoción de la metodología del apoyo de pares.

González Zapico reflexiona respecto de los “anclajes” que estructuran el informe, en línea con los innegociables de la Confederación, en cuanto a la participación real de todas las personas en la realidad social, la inclusión de toda diversidad, la universalidad de los servicios y recursos públicos y, desde ya, la justicia. Según el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, para lograr esto, “la cooperación es vital”.

En “La situación de la salud mental en España” se plasma que cuatro de cada diez personas en España (39,3%) valora de forma negativa su salud mental actual. Cientos de casos; cada uno, con una historia específica. Y es que, en salud mental, no existe una verdad imperante; sí hay, sin embargo, un imperativo de cuidado. Se enfatiza que la salud mental es, en definitiva, la defensa de nuestros derechos: que no se sobremedique, ni se ate, ni se aísle, ni se señale a quienes transitan un trastorno. La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA reivindica la puesta en marcha de mecanismos y apoyos que garanticen la autonomía y la libertad de todas las personas, para que cada una de ellas transite su proceso vital en plenitud.

Este informe da cuenta de lo transversal que es la necesidad del cuidado de la salud mental. Que todas las personas participen de la conversación implica una vida integrada en la sociedad, desde su convivencia familiar, las relaciones sociales normalizadas, el acceso al empleo y a una formación. Porque la inclusión auténtica se da de la mano de una genuina igualdad de oportunidades. Para ello, hace falta que todos y todas partamos de las mismas condiciones. La procura del bienestar, en todos los sentidos, exige tener esto en cuenta. La causa mueve a la Confederación, con las palabras se posiciona y con las acciones consolida las reivindicaciones.

SALUD MENTAL ESPAÑA reclama que no exista una legislación especial para las personas con trastorno mental, sino que se cumplan las principales normativas que les afectan: la Ley General de Sanidad, la Ley de Autonomía del Paciente, Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Es momento de establecer cimientos fuertes. A través del ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en la salud mental, 2023’, SALUD MENTAL ESPAÑA plantea que, allí donde el terreno es incierto, el desafío es edificar justicia.