Como advierte la Plataforma, el anteproyecto que modifica la Ley General de Subvenciones «conduciría a un verdadero calvario administrativo y a un altísimo riesgo financiero para las organizaciones».
«La reforma supone un enorme empeoramiento de la regulación del acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación y un régimen sancionador exorbitante«, denuncia la Plataforma.Cofinanciación
Por lo que hace referencia a la cofinanciación, la reforma establece un nuevo sistema común para todas las entidades objeto de subvención con independencia de los programas que se desarrollan. Y en consecuencia, explica la Plataforma, «implica que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer Sector tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados y, por tanto, de organizaciones con ánimo de lucro«.
Y es que como incide la Plataforma, el sistema de cofinanciación contemplado en la reforma da lugar a la «situación paradójica» de que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida.
No se adelantarán las subvenciones
De la misma manera, y por lo que respecta a la finalidad y posibles entidades receptoras de los fondos públicos, «la indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a entidades privadas que persiguen fines lucrativos”, apunta la Plataforma, que recuerda que «el sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva«.
Finalmente, y por lo que hace referencia a la regulación de anticipos, la reforma no contempla la modificación del artículo que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación. En consecuencia, y dado que la liquidez para hacer frente a los objetivos es fundamental para las entidades del Tercer Sector de Acción Social, «se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito«, lamenta la Plataforma.
Por todo ello, concluye, «de mantenerse la redacción propuesta, la regulación hará que sea casi imposible que entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan abordar actividades subvencionadas«.
