Como informa COCEMFE, “el estudio denuncia que estas gasolineras incumplen sistemáticamente numerosos aspectos de las normativas que se exigen a las estaciones de servicio tradicionales, entre ellos artículos específicos de las normativas en materia de seguridad de las instalaciones, consumo, transporte de mercancías peligrosas, seguridad pública, fiscal y de discriminación hacia las personas con discapacidad, entre otros”.
11.188 estaciones desatendidas
De acuerdo con los resultados del estudio, el número de gasolineras desatendidas creció un 8,5% en el periodo 2011-2016, pasando de 10.310 a 11.188. Un incremento en los puntos de venta que, sin embargo, no se ha visto traducido en un crecimiento en el empleo del sector, que ha caído de los 54.800 empleos en 2014 a los 52.100 registrados en 2016.
Como indica la UGT-FICA, “reclamamos que la regulación de las estaciones de servicio desatendidas se efectúe desde el ámbito nacional mediante una ley específica. La norma debería recoger necesariamente la obligatoriedad de que todas y cada una de las gasolineras en el país por motivos de seguridad cuenten con, al menos, una persona de servicio las 24 horas para atender al público, y especialmente a las personas con discapacidad”.
Como concluye Elena Antelo, directora gerente de COCEMFE, “reivindicamos el cumplimiento de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que obliga a que los servicios y productos a disposición del público sean accesibles y a que se proporcione atención a las personas con discapacidad que lo necesiten”.
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