Como informa el CERMI, “con esta modificación normativa se destierra del ordenamiento jurídico una discriminación contra el acceso de las personas con discapacidad a la Justicia, que contravenía gravemente los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, suscrita y ratificada por España y plenamente aplicable en nuestro país”.
Reforma normativa
La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995, publicada el pasado 14 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue aprobada por unanimidad en el Senado el pasado 29 de noviembre y después de que en el trámite en el Congreso también lograse el consenso de todos los partidos. Concretamente, y previamente a su reforma, la normativa establecía la ausencia de cualquier discapacidad física, psíquica o sensorial como requisito obligatorio para ser miembro de un tribunal popular.
Como explica el CERMI, “la reforma legal, que entrará en vigor efectivamente en el plazo de dos meses desde el día de su aprobación, partió de una propuesta articulada que presentó nuestro Comité a los Grupos Parlamentarios, que estos asumieron y que se ha aprobado con la unanimidad de todo el arco político, tanto en el Congreso como en el Senado.
Así, concluye el Comité, “saludamos este avance en los derechos de las personas con discapacidad y lo señalamos como precedente valioso de las reformas pendientes en materia de acceso a la Justicia, como la modificación del Código Civil para establecer un sistema de apoyos a la toma de decisiones o para la eliminación del internamiento involuntario por razón discapacidad psicosocial”.
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