La medida, sugerida por el CERMI y planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, se ha incorporado al Estatuto de los Trabajadores tras la enmienda aprobada por el Congreso de los Diputados en la tramitación del proyecto de ley de reforma laboral, que tras su paso por la Cámara Baja ha sido remitido al Senado.
Conciliar el trabajo y la atención
En virtud de esta modificación normativa, se añade un nuevo apartado en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores que beneficia a las personas con discapacidad para que cuenten con la opción de trasladarse a un centro de trabajo en otra localidad donde le sea más fácil recibir tratamientos relacionados con su discapacidad.
El texto aprobado por el Congreso establece que «para hacer efectivo su derecho a la protección de la salud, los trabajadores que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de rehabilitación, físico o psicológico relacionado con su discapacidad, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera vacante en otro de sus centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento». Todo ello «en los términos y condiciones establecidos en el apartado anterior para las trabajadoras víctimas de violencia de género y para las víctimas del terrorismo».
En opinión del CERMI, «la medida es un avance en las condiciones laborales de los trabajadores con discapacidad, que verán mejorado el marco normativo para conciliar el derecho al trabajo con las necesidades de atención médica derivadas de su discapacidad».
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