Como explica el CERMI, “ante la expansión de ordenanzas municipales de restricción de circulación y acceso a determinadas vías urbanas, como centros históricos, por motivos de gestión del tráfico, medioambientales, etc., recordamos a los ayuntamientos que los vehículos de personas con movilidad reducida, ya sean o no vecinas de esos municipios, deben quedar siempre autorizados a circular y acceder, porque ha de prevalecer el derecho al libre desplazamiento, que para la persona con movilidad reducida le ofrece el vehículo privado”.
Derecho constitucional
A día de hoy, numerosos consistorios están previendo la autorización de la libre circulación en vías urbanas de los vehículos de personas con movilidad reducida poseedoras de la tarjeta de estacionamiento reservado en sus regulaciones sobre tráfico. Sin embargo, y cuando menos en principio, esta autorización está limitada a los vecinos de la localidad, dejando en la inseguridad a las personas con movilidad reducida de otros municipios y de otras comunidades autónomas.
Como recuerda el CERMI, “todos los vehículos de personas con movilidad reducida que posean tarjeta de estacionamiento reservado, con independencia de que sean o no de ese municipio, han de tener libertad de circulación y acceso, incluidas las áreas restringidas, en todos los términos municipales y núcleos urbanos, y en todo el territorio nacional. Así lo deben recoger los ayuntamientos en sus ordenanzas, a fin de ofrecer seguridad jurídica e igualdad de trato con independencia de la residencia de la persona.
Por ello, y además de dirigir esta exigencia a los ayuntamientos, el CERMI va a plantear al Gobierno la modificación del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, para que “incluya expresamente –concluye el Comité– la autorización a todos los vehículos de personas con movilidad reducida para que puedan transitar y acceder por todas las áreas urbanas de los municipios españoles, más allá de que las respectivas ordenanzas locales lo prevean o no”.
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