El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, reclama al Ministerio de Cultura y Deporte una «regulación exigente» de la accesibilidad en el sector cinematográfico y audiovisual, en el que las normativas actuales, escasas y laxas, «quedan lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente sensorial».

Para el CERMI, «la legislación debe recoger la obligatoriedad de que las producciones cinematográficas y audiovisuales incluyan en origen como medidas de accesibilidad la subtitulación, la lengua de signos española y la audiodescripción. A fin de asegurar la calidad de estos medios se efectuará de acuerdo con las prescripciones de las normas técnicas vigentes en cada momento. Eso sí, en la reproducción en salas de cine, la persona con discapacidad tendrá que solicitar cualquiera de estas medidas, de las que podrá disfrutar individualmente con las soluciones tecnológicas existentes en cada momento».

Sin subvenciones

La solicitud del CERMI se realiza en el marco del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine, presentado por el Ministerio y que en ese momento se encuentra en fase de consulta pública previa. Una petición en la que también se plantea la «obligatoriedad de que las producciones cinematográficas y demás obras audiovisuales ofrezcan una imagen respetuosa y positiva de las personas con discapacidad como expresión valiosa de la diversidad humana y social, con una presencia en el medio cinematográfico acorde en términos cuantitativos con su peso social».

Además, y con objeto de garantizar el ejercicio de los derechos del colectivo, el Comité plantea que «no pueda concederse ni reconocerse ningún tipo de subvención, apoyo, incentivo o ayuda de naturaleza pública a las producciones cinematográficas que no incorporen en origen de oficio las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad establecidas en la ley».

Es más, considera que esta exigencia también se debería aplicar a las actividades de promoción de la cinematografía, como la participación y la organización de festivales, que deberán postular, programar, exhibir y difundir siempre producciones accesibles en origen. En este sentido, tampoco podrían resultar beneficiarias de ayudas públicas al cine las personas físicas y jurídicas empleadoras que, estando obligadas, no cumplan con la reserva legal de puestos de trabajo en favor de las personas con discapacidad.

– A día de hoy, 98 asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad y a la dependencia ya son miembros de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?