Como denuncia Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI de Derechos Humanos y para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, “el año 2018 ha sido desolador en términos de delitos de odio para las personas con discapacidad, puesto que hemos documentado más de 50 casos que han vulnerado el artículo 16 de la Convención, que hace referencia a la protección contra la violencia y el abuso”.
Es más; como refiere Jesús Martín Blanco, “hemos de tener en cuenta que el problema es mucho más grave, ya que la mayoría de delitos de odio contra personas con discapacidad no son denunciados”.
Protección jurídica
Ante la escalada de delitos de odio contra las personas con discapacidad, el CERMI solicita que el nuevo Plan de Acción contra los Delitos de Odio presentado por el Gobierno se transforme en una ley para que las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones representantes puedan tener un instrumento vinculante a la hora de buscar reparación en la justicia. Y es que como recuerda Jesús Martín Blanco, “no podemos olvidar que odiar es negar la identidad de la otra persona”.
Asimismo, el CERMI también reclama que la accesibilidad impregne todas las medidas recogidas en este Plan y para que se desagreguen las estadísticas por razón de discapacidad, a fin de tener un conocimiento de la realidad lo más amplio posible.
Como concluye Jesús Martín Blanco, “hay que poner en valor que el Plan haya estado participado y construido por la sociedad civil, lo que es un ejercicio de higiene democrática y recogido en la propia Convención Internacional de la Discapacidad, que incluye el mandato de que las políticas que afectan a las personas con discapacidad se deben construir contando con las entidades representativas”.
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