Es más; la misiva se acompaña de un informe en el que el CERMI analiza desde un punto de vista jurídico la situación creada por una reciente sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona que, en materia de tráfico y como alerta el Comité, “revela un vacío legal que puede perjudicar gravemente a las personas con discapacidad y a su derecho a usar aparcamientos reservados”.
Vacío legal
Concretamente, la sentencia que acompaña a la carta dirigida a la DGT hace referencia a la validez de una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Terrasa (Barcelona) por el estacionamiento de un vehículo en una zona reservada a personas con discapacidad sin título habilitante en el estacionamiento de un centro comercial.
Como explica el CERMI, “esta sanción fue recurrida y el fallo judicial, pese a que reconoce la prohibición de aparcar en plazas reservadas, explica que las corporaciones locales no tienen potestad legal para sancionar a los conductores que empleen de forma incorrecta las plazas de aparcamiento reservadas que no estén en espacios de titularidad pública”.
Por todo ello, y con objeto de eliminar esta laguna legal, el Comité solicita a la DGT que inicie los trabajos técnicos de análisis de esta situación problemática y elabore una propuesta normativa para su aprobación por el próximo Gobierno. Y para ello, “realizamos una serie de propuestas de modificaciones de la normativa actual encaminadas a que este tipo de prácticas puedan ser sancionadas por los ayuntamientos, independientemente de que no se lleven a cabo en espacios de titularidad pública”, concluye el CERMI.
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