El Consejo de Ministros dio luz verde el martes a una de las regulaciones más complejas del ámbito sanitario, que establece los criterios para fijar los precios de los medicamentos. El Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios ha encendido las alarmas entre los principales actores del sector farmacéutico, entre ellos, los pacientes.

Los mensajes más contundentes llega desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y el Foro Español de Pacientes (FEP). En el primero de los casos, su presidenta Carina Escobar indica: «Estamos haciendo una lectura muy concienzuda del anteproyecto de ley porque consideramos que es un tema muy delicado: estamos hablando de una ley dirigida a ciudadanos, a pacientes, que habla de medicación, de acceso, de nuevas formas de dispensar, de cambios o sustitución de fármacos en farmacia. Es un tema muy delicado. Necesitamos leyes que atiendan las necesidades de la población, que estén centradas en las personas, y que, en este caso, vaya más allá de conseguir ahorros, rentabilidad y eficiencia«.

Andoni Lorenzo, presidente del FEP, tampoco oculta su inquietud: “La valoración que hacemos es de preocupación. Cuando vemos que el sector farmacéutico —biológicos, genéricos, biosimilares— está en contra, y además también lo está el propio sector de la farmacia comunitaria, esto no deja de suponer una preocupación para los pacientes”, afirma. Desde su perspectiva, el anteproyecto no sólo no resuelve los problemas existentes —como el desabastecimiento— sino que podría agravarlos.

A este respecto, Carina Escobar indica: «Para los pacientes es importante la innovación, la gestión de los fármacos y, sobre todo, la transparencia con la que se haga todo este proceso, la comunicación. Por lo que, reclamamos formar parte de esta política sanitaria desde el inicio». De hecho, desde que se conoció el primer borrador, la POP ha mantenido interlocución tanto con el Ministerio de Sanidad como con la Agencia Española de Medicamentos, un diálogo que su presidenta considera clave mantener. «Haremos nuestras alegaciones, presentaremos nuestras propuestas a todo aquello que consideramos oportuno cambiar. Ese es nuestro objetivo ahora mismo».

El núcleo del conflicto está en el artículo 116 del anteproyecto, que introduce el sistema de “precios seleccionados”. Según este modelo, cada seis meses se establecerían precios para grupos homogéneos de medicamentos genéricos y biosimilares a partir de ofertas ciegas de las compañías. Solo un grupo reducido de fármacos sería seleccionado para financiarse al precio más bajo o dentro de un rango específico. El resto quedaría fuera de la financiación pública, aunque podrían volver a entrar en la siguiente convocatoria.

La visión de los pacientes

Desde el punto de vista del Gobierno, el objetivo es reducir el gasto público. Pero las entidades firmantes del posicionamiento conjunto al que hace referencia Andoni Lorenzo —Farmaindustria, BIOSIM, AESEG, FEDIFAR y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos— denuncian que esta estrategia pone en jaque la sostenibilidad de la industria farmacéutica nacional, compromete la autonomía estratégica del país y podría aumentar los problemas de suministro. “Este sistema provocaría un serio deterioro de los problemas de abastecimiento, impactaría negativamente en el tejido industrial farmacéutico y supondría una reducción de farmacias con el consiguiente impacto sobre los pacientes”, advierten en el documento conjunto firmado el 10 de abril.

Andoni Lorenzo comparte esa preocupación. «Este modelo no va a resolver el problema del desabastecimiento e incluso, según algunos sectores, podría aumentarlo«, señala. Desde el FEP se teme que la medida priorice criterios económicos sin considerar el impacto real sobre quienes más dependen de un acceso seguro y continuo al medicamento: los pacientes. “Vemos que todos los sectores no están de acuerdo con esta regulación. La impresión que nos da es que es una regulación que busca un fin puramente económico. Lo que intentaremos hacer en la medida de lo posible es presentar las alegaciones necesarias y esperamos que se tengan en cuenta”, explica Lorenzo.

Además, desde el FEP expresan dudas sobre otros aspectos del texto legal, como la habilitación para la prescripción enfermera en determinados casos. “Entendemos que la prescripción es una competencia específica del médico y no sabemos en qué términos se va a realizar esa prescripción desde enfermería”, apunta el presidente del Foro, abriendo un debate que probablemente también genere reacciones desde el ámbito profesional.

Riesgos para la cadena de suministro

El modelo de precios seleccionados introduce una volatilidad que dificulta la planificación de la producción y distribución. “Con productos cambiando de grupo cada seis meses, es imposible mantener un stock estable, planificar la producción o garantizar un suministro continuo”, afirman las organizaciones industriales. A ello se suma el riesgo para la red de oficinas de farmacia, especialmente en zonas rurales o despobladas. “Reducirían las opciones y la disponibilidad de medicamentos en la farmacia, lo que dificultaría la continuidad de los tratamientos y podría llevar al cierre de farmacias en entornos vulnerables”, señala el comunicado.

Otro punto crítico es el impacto sobre la adherencia a los tratamientos: al cambiar con frecuencia el fármaco dispensado, aumentan los errores de medicación y la confusión de los pacientes, especialmente en colectivos vulnerables como personas mayores o polimedicadas.

Llamamiento al diálogo

Ante esta situación, las entidades firmantes del manifiesto reclaman al Gobierno la retirada del sistema de precios seleccionados y la apertura de un diálogo real con el sector. “Las reformas deben debatirse y consensuarse con todos los agentes implicados en el marco del Comité Mixto de la Estrategia de la Industria Farmacéutica”, concluyen. Mientras tanto, el Foro Español de Pacientes seguirá elevando su voz en defensa de quienes más pueden verse afectados. “Esperamos que nuestras alegaciones sean tenidas en cuenta. Nada más. Gracias”, concluye Lorenzo.

Con la aprobación aún en fase preliminar, el margen para introducir modificaciones sigue abierto. Pero el consenso en contra de esta medida, desde la industria hasta los pacientes, obliga a reconsiderar una estrategia que, en nombre del ahorro, podría poner en riesgo el acceso, la equidad y la calidad del sistema farmacéutico español.