Concretamente, la nueva Ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad, ya aprobada por el Parlamento de Andalucía, obliga a las administraciones públicas a reservar un 1% de las plazas –tanto de ofertas de empleo público como en las bolsas de trabajo temporal– destinadas a personas con discapacidad –el 10% del total– para que sean ocupadas por personas con problemas de salud mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Como explica FEAFES Andalucía Salud Mental, “la aprobación del artículo 28 supone un punto de inflexión para la conquista de derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, que desde hace más de 25 años se viene defendiendo desde el movimiento asociativo de familiares y personas con enfermedad mental. Esta medida se incorporó en el proyecto de Ley tras la participación de nuestra Federación en el proceso legislativo de la mano del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía)”.
Inserción social y laboral
La aprobación de la nueva normativa supone, según desataca FEAFES Andalucía Salud Mental, una apuesta clara y directa del Gobierno de Andalucía por lograr la inserción social y laboral de las personas con trastornos mentales y acabar con el estigma y la discriminación que padece que el colectivo. Una discriminación que, dentro del colectivo de la discapacidad, excluía a las personas con problemas de salud mental de los procesos de selección o de los puestos de trabajo. No en vano, el último informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre empleo de personas con discapacidad muestra que la enfermedad mental es la segunda discapacidad con menor tasa de empleo, con una bajada de un 0,5% desde 2014 hasta situarse en el 15,9% –por detrás de la discapacidad intelectual.
En palabras de Manuel Movilla, presidente de la Federación, “es un momento de satisfacción para nosotros por muchos motivos, pero sobre todo porque, por fin, vemos que con nuestro trabajo, a través de la participación y la reivindicación del movimiento asociativo, se ha logrado saldar una deuda histórica a tantas personas que, como yo, nos hemos visto privados del acceso a los derechos más básicos de ciudadanía”.
Es más; como concluye Manuel Movilla, “somos el colectivo más vulnerable entre los vulnerables y más discriminado. Todavía queda mucho por hacer y por conseguir, pero hoy podemos estar satisfechos del trabajo realizado en la Federación. También quiero agradecer el trabajo del CERMI ANDALUCÍA y de los grupos parlamentarios que han apoyado nuestras reivindicaciones”.
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