Durante el curso escolar 2010-2011, en nuestro país convivían 141.426 alumnos con discapacidad, de los que aproximadamente 110.000 estudiaban en los llamados centros ordinarios. No así el 20% restante, que asistía a escuelas de educación especial, contraviniendo así la recomendación de educación inclusiva defendida en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En palabras de Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, en la reunión mantenida con la Comisión de Educación, «dentro de un tiempo razonable, las estructuras educativas especiales han de migrar hacia escuelas donde los alumnos con y sin discapacidad convivan, jueguen y se conozcan, ya que esta es la única manera de lograr una educación inclusiva y de acabar con los prejuicios; por ello solicitamos la integración en el sistema educativo de este 20% de alumnos con discapacidad».
Decisión de los tutores
La medida, como explica Pérez Bueno, «resultaría mucho más rentable desde un punto de vista organizativo y económico» y, además, posibilitaría que la extensa red de centros especiales se convierta en inclusiva.
Así, y hasta la completa integración escolar de todos los estudiantes con discapacidad, el CERMI reclama que la decisión sobre dónde escolarizar a los alumnos corresponda a los progenitores o tutores y que «no prime el criterio de la Administración en caso de que no se alcance un acuerdo, lo que contradice la convención de Naciones Unidas».
En definitiva, y en espera de que se culmine la evolución hacia una escuela única, la asistencia a centros especiales solo deberá producirse cuando los tutores o los propios interesados así lo decidan.
46 enmiendas parciales
La solicitud de integración de la totalidad de alumnos con discapacidad en centros ordinarios constituye una de las 46 enmiendas parciales a la Lomce propuestas por el CERMI.
Así, y entre otras solicitudes, el Comité también reclama que «la organización de las pruebas de evaluación externa tenga en cuenta la realidad de las personas con discapacidad»; que se garantice el acceso a los soportes y nuevas tecnologías de la información para que «ningún estudiante ciego o sordo se vea privado por esta causa»; y que se implanten muchas previsiones recogidas en la Ley de Lengua de Signos y Apoyos a la Comunicación Oral que aún no se han puesto en práctica.
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