Dedicó más de medio siglo a luchar por el derecho a la educación de los niños con discapacidad, primero en centros especializados, en la época que la mayor parte no salían de casa o incluso eran ingresados en sanatorios, y más adelante defendiendo que los alumnos con discapacidad no debían estar separados del resto.
Por casualidad
De formación autodidacta, contaba que llegó a esta causa por casualidad, ya que como maestro no se encontraba nada a gusto con el encorsetamiento del sistema educativo y a comienzos de los años 60 le hicieron la propuesta de poner en marcha en Tarrasa un proyecto de formación ocupacional para jóvenes con discapacidad intelectual. «Pensé que allí me dejarían hacer porque estos alumnos no interesaban a nadie», explicaba en una entrevista. Poco después, un grupo de padres de la ciudad con hijos con discapacidad le encargó la creación de una escuela especial, llamada Fátima, hoy de titularidad municipal.
La tarea en Fátima y la colaboración con otros centros de educación especial que se fueron abriendo a finales de los sesenta y comienzos de los setenta le otorgaron un cierto reconocimiento y a ser, en 1979, uno de los redactores del Plan Nacional de Educación Especial, y un año más tarde, con el traspaso de las competencias de Enseñanza, a ser el primer responsable de la educación especial de la Generalitat catalana. Ocupó el cargo de jefe de servicio hasta 1987, pero siguió ejerciendo esta responsabilidad en calidad de asesor hasta su jubilación en 2000.
Nueva Generalitat
De aquella primera época como funcionario de la nueva Generalitat son dos de los logros que siempre destacó con más orgullo: la participación en la elaboración de la LISMI, ley que ha sido decisiva para la integración social de las personas con discapacidad, y el decreto 117 de 1984, por el que se ordenaba la educación especial como un elemento más del sistema educativo. Un decreto que contenía en gran medida la filosofía de la educación inclusiva (integración de los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios, personalización de la respuesta educativa, etc.) mucho antes de que se hablara de ‘escuela inclusiva’ o de que Naciones Unidas lo convirtiera en un derecho que los Estados deben hacer respetar.
El principal disgusto de su vida profesional lo tuvo con el decreto 229 de 1997, que no derogaba el de 1984 pero que lo complementaba, y que se aprobó a pesar de su firme oposición, ya que consideraba que consolidaba la educación segregada en vez de dar impulso a la inclusión.
Su jubilación coincide con el nacimiento de la Plataforma Ciudadana para una Escuela Inclusiva en Cataluña, una agrupación de profesores y familias que defienden una escuela integradora, abierta y que dé respuesta a las necesidades de cada alumno, a la que inspiró con su magisterio, en la que participó intensamente en sus inicios y de la que nunca se desvinculó.