La asistencia personal es un recurso profesional fundamental para la promoción de la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad. El problema es que permanece desconocido para las administraciones autonómicas y locales. De hecho, y si bien la Ley de Dependencia y Autonomía Personal de 2006 ya reconocía la importancia de la figura del asistente personal y el compromiso para su financiación, ninguna administración la ha incluido en sus planes y presupuestos.
Ante esta realidad, asociaciones de Plena Inclusión de cinco comunidades autónomas –Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia– han puesto en marcha una campaña para convencer a ayuntamientos y diputaciones para que destinen partidas presupuestarias con las que financiar este servicio tan necesario.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión, destaca que “el apoyo facilitado por un asistente personal profesional mejoraría el día a día de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”.
Garantizar la autonomía
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas recoge en su artículo 19 la obligatoriedad para los países firmantes –entre ellos, España– de, entre otras medidas, la implementación de la asistencia personal para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad. Pero la realidad deja mucho que desear: de acuerdo con los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en 2023 solo un 0,53% de las personas con discapacidad que reciben prestaciones por dependencia cuentan con una ayuda pública destinada a la asistencia personal.
Además, la posibilidad de acceso a un asistente personal se encuentra condicionada por el lugar de residencia. El número de ayuntamientos, caso de los de Barcelona y Madrid, que están financiando proyectos piloto para promover esta figura es muy limitado. Todo ello a pesar de su importancia para garantizar el derecho a la autonomía del colectivo, tal y como constata un estudio piloto llevado a cabo en 2021 por las asociaciones de Plena Inclusión en 15 comunidades.
De ahí la importancia de esta campaña con la que se busca favorecer la implicación de las administraciones locales en la implantación de la asistencia personal. Como incide Laucirica, “las evidencias nos llevan a proponer a las administraciones locales y regionales que desarrollen la figura profesional del asistente personal”.
Laura Manzano, representante de FADEMGA-Plena Inclusión Galicia en el equipo estatal de líderes con discapacidad intelectual de Asistencia Personal, recuerda que “sería muy importante poder contar con un asistente personal. Pienso esto porque su figura serviría para muchas cosas. Sobre todo serviría para que las personas con discapacidad intelectual podamos tener independencia, que es una de las cosas que más queremos conseguir”.
– A día de hoy, 98 asociaciones dedicadas a la discapacidad y a la dependencia ya son miembros de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?
