Con motivo de la efeméride, COCEMFE ha querido poner de manifiesto las «deficiencias que el sistema educativo español presenta hacia las personas con discapacidad y que limitan su desarrollo desde los primeros años de vida». Y es que como denuncia su presidente, Mario García, «las leyes que regulan la educación inclusiva en España se incumplen reiteradamente, lo cual ocasiona infinidad de complicaciones a los niños y jóvenes con discapacidad y sus familias, que se ven obligadas a recurrir a la Justicia y luchar durante largos periodos de tiempo para conseguir algo a lo que en realidad ya tienen derecho».Recursos insuficientes
Ya sea en la etapa de educación obligatoria como no obligatoria, las CC AA y las instituciones educativas tienen la obligación de promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.
Sin embargo, como explica Mario García, «la vulneración de derechos que, a diario, se produce en las aulas de nuestro país y las dificultades que viven muchas familias, obligadas a hacer enormes esfuerzos para que sus hijos puedan estudiar igual que el resto de sus compañeros, es un problema al que instituciones educativas y gobiernos autonómicos deben mirar de frente y actuar».
Y es que como recuera el presidente de la Confederación «aunque los centros educativos en los que estudian personas con discapacidad tienen que contar con los recursos humanos necesarios para que éstas puedan alcanzar el máximo desarrollo personal y social, la realidad es bien distinta. Hay centros que no disponen de personal preparado para facilitar a las personas que lo precisen satisfacer sus necesidades de movilidad reducida, centros que excluyen y discriminan al colectivo en sus actividades extraescolares y otros que directamente dificultan o rechazan su matriculación».
Denunciar la discriminación
En consecuencia, y con objetivo de paliar esta situación, COCEMFE considera necesario el «establecimiento de medidas que garanticen el acceso y la permanencia del alumnado con discapacidad más allá de las etapas obligatorias, así como aumentar el apoyo y proporcionar los recursos docentes, materiales y económicos necesarios para acabar, por ejemplo, con las dificultades en el desplazamiento hasta los centros, la falta de accesibilidad de las instalaciones, la escasez de monitores y profesores de apoyo en algunos territorios, las elevadas ratios de alumnos por profesor y las insuficientes prestaciones económicas para paliar los sobrecostes que supone tener una discapacidad».
Los últimos datos oficiales muestran que en nuestro país hay 156.092 estudiantes con discapacidad, de los que un 20% se encuentra en centros de educación especial y un 80% en centros ordinarios. Y a juicio de la Confederación, «esta diferencia debería incrementarse, pues los centros de educación especial tienen que dar el relevo a los ordinarios para que la educación sea verdaderamente inclusiva y, así, acabar con una segregación educativa, que es discriminatoria y contradice los tratados internacionales ratificados por España».
Por todo ello, concluye Mario García, «desde COCEMFE pedimos a nuestro colectivo que no tolere actuaciones excluyentes y discriminatorias de ningún tipo y lo denuncie ante los distintos recursos públicos de tramitación de quejas y denuncias, además de dirigirse a las diferentes entidades de la Confederación repartidas por todo el territorio nacional para recibir asesoramiento en la materia».
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